CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

en cuenta por el gobierno a la hora de aprobar finalmente la norma. Sin embargo,
existe una reconocida dificultad para efectuar un estudio económico de dicho
tipo (Comisión Jurídica Asesora, Dictamen 1/1999) y es rara la anulación judicial
de una regulación por no haber realizado este trámite (Ponce, 2003).
b) Introducción de la necesidad de elaborar un informe interdepartamental de
impacto de género, introducido en la Ley 13/1989 el año 2001 mediante la Ley
4/2001, de 9 de abril, con el objetivo de incorporar la óptica de igualdad en todas
las medidas regulatorias que se adopten. Actualmente este informe es realizado
con carácter preceptivo por el Instituto Catalán de la Mujer.
Por otra parte, a nivel procedimental podríamos señalar:
c) El proceso es de tipo descentralizado, de forma que son los técnicos de los
departamentos promotores de la propuesta legislativa los encargados de la
elaboración de la memoria y de los documentos e informes requeridos (con la
excepción del informe de impacto de género).
d) Existencia de un requerimiento de revisión por parte de una comisión independiente:
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. Éste se establece con el fin de
garantizar que el reglamento que se quiere aprobar respeta el ordenamiento jurídico,
evitando de esta manera posibles excesos del reglamento y garantizando el principio
de legalidad.
e) La información pública o audiencia de las entidades interesadas está considerada
como trámite preceptivo –y no discrecional– pero no comienza hasta estadios
tardíos (fase de tramitación).
Es preciso destacar la importancia que tiene el cumplimiento de los diferentes trámites
del procedimiento reglamentario, no como una serie de obstáculos que la Administración
pública debe ir superando en el momento de elaborar un reglamento, sino como la
oportunidad que tiene la propia Administración pública de ir reuniendo documentos
e información sobre los efectos y el impacto del proyecto de norma. Aun así, la
Administración presta, en general, escasa atención a cumplir los diferentes trámites
del procedimiento de elaboración de los reglamentos –la calidad del estudio económico,
por ejemplo, es a veces deficiente– sin que eso tenga ninguna consecuencia práctica.
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En cualquier caso, la memoria y el resto de documentos que requiere la ley no puede
ser equiparada a una evaluación del impacto regulatorio de acuerdo con el contenido
que normalmente se da a esta expresión tal como se ha recogido en las páginas
anteriores.