CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

sobre la legalidad del contenido del proyecto. Pese a que las opiniones de la
Comisión tienen que ser jurídicas, éstas pueden recaer tanto sobre motivos de legalidad
como de oportunidad, recomendando al Gobierno mejores soluciones jurídicas
que las que presenta el proyecto de reglamento (Font, 2002). En este sentido es oportuno
mostrar las limitaciones de los órganos consultivos ante la complejidad técnica que
presentan muchas normas. Como observa Font, estas limitaciones se podrían
superar convocando con carácter informativo a personas con notoria competencia
técnica sobre la cuestión sometida a consulta al órgano consultivo (Font, 2001). .
La intervención de la Comisión Jurídica Asesora en el procedimiento de
elaboración de los reglamentos mediante la emisión de su dictamen tiene
carácter preceptivo pero no vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado
por su contenido a pesar de que la experiencia y pericia de sus miembros es
buena muestra de la corrección de su contenido.
iv) Escrutinio del Consejo Técnico
Una vez emitido el informe, y con la conformidad previa del consejero, los
anteproyectos de reglamento tienen que ser sometidos al Consejo Técnico
formado por los secretarios generales y les corresponde hacer el análisis y el estudio
de las disposiciones que tienen que ser sometidas a la aprobación del Gobierno.
En el caso del procedimiento estatal de elaboración de reglamentos, la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, prevé la intervención del Secretario General
Técnico del Ministerio, que se encarga de coordinar y gestionar el presupuesto y
otros recursos del Ministerio, en la tramitación de los proyectos de reglamento. El
informe del Secretario General Técnico analiza los aspectos de legalidad formal y
sustantiva del proyecto. Pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había
considerado este trámite como esencial, cuya omisión suponía la nulidad de la norma,
desde la STS de 12 de abril de 1983, el Tribunal Supremo viene considerando que
no debe ser así. La Ley del Gobierno prevé también la intervención del Ministerio de
Administraciones Públicas cuando la disposición en cuestión pueda afectar a la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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También se prevé la posibilidad de que otros órganos o entidades que conozcan
de la materia objeto de regulación puedan emitir informes. Estos informes tienen
una especial importancia cuando los reglamentos tienen un elevado contenido
técnico (Blanquer, 1998). Pero, en general, la intervención de órganos administrativos
especialmente calificados por la razón de la materia (por ejemplo, el Consejo Escolar
de Catalunya, el Consejo Económico y Social de Catalunya, …) permite no sólo
canalizar la participación de los interesados o de otras administraciones públicas
en el procedimiento reglamentario, sino también de órganos especialmente
calificados por razón de su competencia sobre una materia (Blanquer, 1998).