CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

ii) Informe de los servicios jurídicos del departamento correspondiente y, en su
caso, del Gabinete Jurídico Central.
iii) Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora se establece, siguiendo la tradición
del Consejo de Estado, con el fin de garantizar que el reglamento que se quiere
aprobar respeta el ordenamiento jurídico, evitando de esta manera posibles
excesos del reglamento y garantizando el principio de legalidad. Pese a que en
un primer momento se consideró que correspondía al Consejo de Estado
dictaminar sobre los proyectos de reglamentos autonómicos, la sentencia del Tribunal
Constitucional 204/1992 partiendo de la constatación de la importante función
que desarrolla el Consejo de Estado considera que cuando los órganos consultivos
autonómicos estén dotados de las características de organización y funcionamiento
que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa calificación técnica, éstos
podrán sustituir la intervención del Consejo de Estado (fundamento jurídico 5).
La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1989 es ilustrativa sobre
el papel del dictamen del Consejo de Estado, aplicable por lo que acabamos de
decir a los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora:
“el Consejo de Estado, cuya subsistencia aparece recogida en el art. 107 de
la Constitución, cumple en el aspecto que nos ocupa un control preventivo de
la postestad reglamentaria para conseguir que se ejerza con el máximo ajuste
a la Ley y al Derecho, respetando así el principio de jerarquía normativa también
consagrado constitucionalmente (art. 9). No es correcto, pues, volatilizar esta
cautela previa, que consiste en el análisis conjunto de cada disposición general,
mediante su confusión con el control judicial posterior configurado en el art.
106 de la primera de nuestras leyes, casi siempre casuístico o fragmentario y
siempre eventual, normalmente en estadios finales y, en definitiva, escasamente
eficaz, que más de una vez se ha producido cuando la norma reglamentaria
ha sido derogada y sustituida por otra o lleve años en vigor, produciendo los
correspondientes efectos. La intervención preceptiva del Consejo de Estado
no se queda, por tanto, en puro formalismo, corrupción o perversión de la forma,
sino que actúa como garantía profiláctica, preventiva, para asegurar en la
medida de lo posible el imperio de la ley, propio de un Estado de Derecho”.
Por tanto, la Comisión Jurídica Asesora mediante sus dictámenes sobre el proyecto
de reglamento se manifiesta sobre el procedimiento de elaboración del reglamento,
el cumplimiento de los diferentes trámites previstos por la legislación vigente así como
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