CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

la reforma y realizar un seguimiento del cumplimiento. La promoción de la calidad
regulatoria se vería considerablemente fortalecida con la creación de un cuerpo
independiente o una comisión específica con un mandato claro y los recursos
adecuados” (OCDE, 2000b).
De todas maneras, esta conclusión no está generalizada ya que según la OCDE, los
trámites que existen en el procedimiento reglamentario cumplen la Recommendation
on improving the quality of government regulations (OCDE, 1995). Sin embargo, la
OCDE observa dos aspectos de interés sobre las limitaciones de la situación en el
estado español (OCDE, 2000b):
• Hay poca capacidad para supervisar el cumplimiento de los requerimientos: “la ley
no establece responsabilidades claras en cuanto a al control de la calidad regulatoria
y el cumplimiento legislativo”. Según indica la OCDE, esta función corresponde al
Secretario General Técnico a pesar de que reconoce que su posición en el seno
del Ministerio le dificulta su ejercicio. La intervención de la Comisión General de
Secretarios de Estado y Subsecretarios es, según la OCDE, un mecanismo para
la coordinación. En todo caso, la intervención de estos dos órganos se produce
en etapas tardías del proceso, lo cual dificulta su incidencia en el proyecto.
• No existen normas, directrices o pautas que guien la elaboración de las regulaciones.
Así, “la segunda debilidad es que la ley no ha sido reforzada con principios complementarios,
regulaciones de implementación, definiciones, o guías para los reguladores
que los puedan ayudar a preparar los informes y a llevar a cabo las consultas”.
Estas carencias que la OCDE destaca respecto al procedimiento reglamentario a nivel
estatal son totalmente trasladables al ámbito catalán a pesar de tener en cuenta que
en nuestro caso no está prevista la intervención del Secretario General Técnico, lo
que dificulta aún más la garantía a nivel administrativo del seguimiento de todos los
trámites del procedimiento reglamentario. Esta tarea viene realizada principalmente
por la Comisión Jurídica Asesora, como se ha visto anteriormente, pero su intervención
se hace en una fase muy avanzada del procedimiento reglamentario, lo cual dificulta
su incidencia en el texto final. Además, no cabe olvidar el hecho de que la Comisión
Jurídica Asesora es un órgano consultivo que, como su propio nombre indica,
asesora al gobierno que finalmente es quien toma la decisión, teniendo en cuenta
o no a la Comisión Jurídica Asesora.
Pese a que, como ya se ha apuntado, no existe a nivel estatal un procedimiento para
evaluar el impacto de las regulaciones, se han ido incorporando al procedimiento
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