CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

Resulta difícil desarrollar e implementar una estrategia válida de recogida de
información porque es difícil llegar a obtener las informaciones que no están
en posesión de la Administración pública.
En las administraciones implicadas, a pesar de que la formación tiene un rol
importante, la falta de recursos humanos con competencias económicas y
sociales ha resultado bastante importante.
La comunicación de los resultados no es obligatoria, y eso ha representado
un obstáculo en la recogida de información sobre la aplicación del instrumento
en este estudio.
Fuente: Elaboración propia.
2.3.5. Toscana: El potencial regional
2.3.5.1. Contextualización de la introducción de la Evaluación del Impacto
Regulatorio
Como hemos visto, los primeros experimentos con la EIR se desarrollaron en las
administraciones centrales. Pero para que este instrumento fuese verdaderamente
eficaz, se procuró extender su aplicación también al nivel regional. Esta aplicación
se debe sobre todo a la aprobación de la ley constitucional núm. 3 de 2001, que
reforma el título V de la Constitución, dedicado a las Regiones, las Provincias y las
Municipalidades.
La reforma constitucional opera una nueva y diferente repartición de las competencias
normativas entre Estado, regiones y entes locales, como respuesta a los principios
de subsidiariedad y federalismo indicados en el ámbito europeo en el Libro Blanco
sobre la Gobernanza. La reforma constitucional determinó una amplia evolución de
la potestad legislativa en favor de las regiones italianas. Actualmente las regiones ven
más reconocida su autonomía, por lo que pueden favorecer la implementación de
intervenciones políticas con una óptica de mayor y mejor adaptación a las diferentes
realidades locales, pero siempre dentro de un esquema de difusión y cambio de buenas
prácticas. Sin voluntad de enumerar todas y cada una de las competencias regionales,
justo es decir que, entre las potestades legislativas, la ley constitucional núm. 3 de
2001, identifica la energía como materia de legislación concurrente entre Estado y
regiones, y la edificación como materia exclusiva regional.
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