CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

conclusión (expediente 4242/1996). En todo caso, pese a la importancia que los
órganos consultivos puedan otorgar a este trámite, como señala Ponce, es rara
la anulación judicial de una regulación por no realizar este trámite. Sin embargo,
hay algún caso, como el de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
núm. 891 de 2001 en que el tribunal anula un decreto porque no se realizó el mínimo
esfuerzo “para conocer su coste-beneficio” (Ponce, 2003).
II La lista de las disposiciones afectadas por la nueva propuesta y la tabla de
vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, en la cual se tienen
que consignar de una manera expresa las que tienen que quedar totalmente o
parcialmente derogadas. Con estos dos documentos se podrá conocer si ya existe
alguna norma en el ordenamiento jurídico que regule la materia objeto del proyecto
de reglamento, su vigencia o no una vez se apruebe el nuevo reglamento y, asimismo,
los efectos que la nueva norma puede tener en el ordenamiento vigente.
III Un informe interdepartamental de impacto de género de las medidas que establece
la disposición. Éste es un trámite que se introdujo en la Ley 13/1989, de 14 de diciembre
el año 2001 mediante la Ley 4/2001, de 9 de abril, con el objetivo, como expresa
su exposición de motivos, de introducir la óptica de igualdad en todas las medidas
regulatorias que se adopten, para promover la participación de las mujeres en todos
los ámbitos, especialmente en la economía productiva, en los centros de toma de
decisiones, en el mundo científico y cultural, y, en definitiva, en todos los ámbitos de
la sociedad. Actualmente este informe es realizado con carácter preceptivo por el Institut
Català de la Dona (Instituto Catalán de la Mujer) (Dictámenes 445/2001 y 446/2001).
Pese a la experiencia administrativa que en muchos casos se conforma con dar un
contenido formal y superficial a estos documentos, todos ellos tienen gran importancia
cuando se trata de valorar los efectos e impactos de la norma que se propone
aprobar. Por ello es preciso considerar que no es suficiente cualquier contenido.
Como destaca la Comisión Jurídica Asesora “el procedimiento seguido y la documentación
incluida en el expediente cumplen formalmente con los trámites legalmente exigidos
para garantizar la legalidad y el acierto de las normas que proyecta el Gobierno. Sin
embargo, es preciso decir que, en cuanto al contenido sustantivo, tanto la memoria
como el estudio económico, en términos de coste-beneficio, pueden acabar resultando
mucho más expresivos de aquello que, hoy por hoy, contienen en lo que concierne a
su respectiva funcionalidad (Dictamen 2/2002).
El contenido de estos documentos debe ser suficiente y concreto. En palabras de la
Comisión Jurídica Asesora, “la memoria que acompaña al Proyecto es de carácter muy
genérico, que precisa muy poco la finalidad de la nueva norma; especialmente si se tiene
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