CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

La estructura de la norma
Uno de los aspectos sobre el cual más se ha reflexionado al abordar cómo incrementar
la calidad de la legislación es el de la forma y estructura de las normas. Como indica
el acuerdo por el que se aprueban las directrices sobre la forma y estructura de los
anteproyectos de Ley “la claridad y precisión, rigor y exactitud, coherencia y harmonía
en las leyes, tanto internamente como con el conjunto del ordenamiento, no sólo redundan
en pro de los intérpretes y juristas en general, sino, fundamentalmente, en beneficio
de los propios destinatarios de las normas, en la medida en que todo incremento de
la seguridad jurídica tiene que reducir considerablemente la litigiosidad y los conflictos”.
Precisamente, estos acuerdos del Consejo de Ministros fueron publicados por la Resolución
de 15 de noviembre de 1991. Describen todo el contenido de la ley
definiendo el contenido de cada una de las partes que la conforman y facilitando los
elementos que puedan mejorar su estructura y contenido.
La evaluación de la calidad de las normas
Como recoge Montoro, desde finales de los ochenta se vienen realizando análisis
de técnica legislativa centrados particularmente en “aspectos formales, claridad
semántica, situación de los preceptos en el texto legislativo y en todas las cuestiones
que afectasen el rigor formal de las normas”. 48 Estos estudios perseguían mejorar
la calidad de las normas, o sea, “su claridad semántica (adecuado uso del lenguaje
ordinario) y su claridad normativa (clara expresión de su condición de norma, de su
contenido y de su vigencia” (Sáinz Moreno, 1994).
Estos trabajos fueron impulsados por el grupo GRETEL, que elaboró diversos
estudios sobre esta materia. De estos estudios resulta de interés destacar en este
punto la conclusión respecto a la existencia en Europa de dos grandes tradiciones
en materia de técnica legislativa (GRETEL):
a) Redacción centralizada de los proyectos de ley, que se encomienda a un órgano
dependientedel gobierno compuesto por funcionarios especializados en la
redacción de leyes. Existe en estos casos una institución central de gran
prestigio y una literatura sobre la redacción de las leyes.
48
Éstos dieron lugar a nivel estatal a la adopción de las Instrucciones para la tramitación de asuntos en
los órganos colegiados del gobierno por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1989
y, posteriormente, el Cuestionario de evaluación que debía acompañar los proyectos normativos a elevar
al Consejo de Ministros recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero de 1990.
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