CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

El grado de interacción entre los actores podría calificarse de intermedio. A pesar
de que el nivel de descentralización es bajo (el regulador no elabora la evaluación),
la figura del responsable, en cada ministerio, de los resultados de la EIR, ayudará
sin duda en integrar la EIR a nivel departamental.
La formación en el ámbito estatal (durante ambas fases) ha sido asignada a la
Escuela Superior para la Administración Pública. La formación de los responsables
de los ministerios ha constado de tres cursos de formación de 6 días de duración
cada uno. El otoño de 2002 comenzó el “Proyecto EIR” del Formez dirigido a 9
administraciones regionales. El proyecto estaba dirigido a los dirigentes y funcionarios
de los consejos y de las juntas regionales de todas las regiones italianas con el objetivo
de difundir el conocimiento sobre la EIR y crear núcleos de expertos en el seno de
las administraciones regionales.
Sin embargo, el nivel de pericia colectiva es aún bajo. En el mismo sentido, el grado
de institucionalización de momento no resulta ser muy elevado debido a que la EIR,
en el ámbito estatal, se encuentra aún en fase de experimentación.
Grado de apertura del proceso: Participación y comunicación
La EIR requiere como paso esencial que se observen las demandas de los ciudadanos,
de las empresas y de las administraciones públicas que están afectadas por el
procedimiento a través de una consulta. Bajo el punto de vista de la EIR, la consulta
tiene una función clave como método de investigación con finalidades cognitivas.
La consulta tiene como objetivo hacer emerger las percepciones y las preferencias de
todos los que, hipotéticamente, puedan ser afectados por un nuevo procedimiento.
Es fundamental en la fase de la especificación de los presupuestos de las opciones y
para evaluarlas. Ésta tiene en cuenta una amplia gama de actores y entre ellos, las pequeñas
empresas, las ONG, las asociaciones titulares de intereses públicos (p. e. la asociación
de consumidores), expertos del sector que pueden hablar en nombre de intereses difusos,
otros actores clave y, por último las diferentes administraciones públicas interesadas.
Una correcta consulta supone un gran paso en cuanto a la transparencia de los procesos
de decisión y los flujos de información hacia los ciudadanos. En Italia, la ley 59/1997
afirma que “los órganos responsables de la dirección política y las administraciones
tendrán que identificar unas normas estables de consulta y participación de
las organizaciones que representan las categorías económicas y productivas y otras
organizaciones de relevancia social interesadas en procesos de reglamentación o
simplificación”. A pesar de ello, la comunicación de los resultados de la consulta y
los de la EIR no resulta ser obligatoria.
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