CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

logía compleja pero clara y bien estructurada, y tiene estatus oficial. El grado de formalización,
por lo tanto, es elevado, lo que compensa la inexistencia de un requisito
legislativo para la elaboración de la EIR.
En el Reino Unido, la EIR se concibe como parte integral del proceso de desarrollo
regulatorio, por lo que se recomienda que el proceso de evaluación comience en los
estadios iniciales del proceso (Cabinet Office, 2003a). La EIR es concebida como
un proceso evolutivo, de menor a mayor nivel de esfuerzo analítico, que consiste en
tres fases, EIR inicial, parcial y final. Según la guía británica, el proceso se construye
de la manera siguiente:
EIR inicial: Se debería llevar a cabo en cuanto surja una idea política regulatoria,
y tendría que acompañar a las propuestas entregadas a los ministros sectoriales.
Consiste en un análisis aproximado basado en conocimiento existente y ayuda
a identificar las áreas donde falta información. Su extensión debe ser proporcionada
al impacto de la propuesta (si afecta a un pequeño número de empresas o si
los costes y beneficios son pequeños, la extensión será limitada).
EIR parcial: La EIR parcial se construye a partir de la EIR inicial y tiene que
acompañar a cualquier propuesta que requiera el acuerdo colectivo del
Cabinet, el Cabinet Comitee, el Primer Ministro u otros ministerios interesados.
Se produce previamente a los ejercicios de consulta pública formal y tiene que
acompañar a los documentos que se utilizarán para la consulta, la cual,
destaquemos, es de carácter obligatorio. La EIR parcial tiene que estar
también informada por una serie de discusiones, datos y consultas informales.
Si una propuesta es significativa, esto es,
– si la EIR parcial sugiere costes elevados (más de 20 millones de libras
esterlinas en cualquiera de los años considerados),
– si es un tema de “sensibilidad mediática”,
– si la Better Regulation Task Force ha informado sobre el tema en cuestión
o si existe una Task Force trabajando en él, o,
– en el supuesto de que la propuesta tuviese un impacto desproporcionado
sobre un grupo particular (p.e. pequeña empresa, instituciones benéficas
o un sector empresarial concreto),
66