CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

2. La práctica internacional relativa a la EIR
2.1. Introducción a la experiencia internacional
Un creciente número de países utilizan la EIR. A pesar de que sólo dos o tres países
de la OCDE utilizaban la EIR en 1980, en el año 1996 más de la mitad de los
estados miembros ya habían adoptado programas de evaluación de la regulación
(OCDE, 2002). A principios del año 2001, 20 de los entonces 28 miembros aplicaban
este tipo de análisis, si bien el alcance de su uso era diferente (Garg y Kabra, 2004).
En el ámbito de la OCDE, dos casos emblemáticos en lo que concierne a la aplicación
de la EIR son los de Canadá y Estados Unidos. Según el Treasury Board of Canada
(2001) en Canadá el programa de EIR ha evolucionado mucho desde la introducción,
en 1978, de los primeros requerimientos relativos a la necesidad de llevar a cabo un
Análisis del Impacto Socio-Económico de las legislaciones principales. Así, de la
desregulación, a principios de los 80, se pasó, a mediados de los 80, a la introducción
de una política regulatoria formal y al requerimiento de llevar a cabo una EIR para
todas las propuestas legislativas. Según el mismo Treasury Board of Canada (2001)
la principal fortaleza del programa de evaluación canadiense radica en su flexibilidad:
diferentes departamentos y agencias adoptan diferentes enfoques y métodos para
evaluar los impactos de la regulación, lo cual permite centrar los recursos analíticos
en las propuestas regulatorias más importantes y en sus impactos más relevantes.
En los Estados Unidos la EIR fue introducida por la administración Reagan en 1981
(Harrington i Mortgensen, 2004). Lo que el mismo Reagan denominó “alivio regulatorio”,
constituyó uno de los pilares de su estrategia para el crecimiento económico (Morral,
1997). La EIR, por tanto, fue diseñada para contribuir a esta estrategia de “recorte”
regulatorio, introduciendo el requerimiento que cada propuesta de regulación federal
importante fuese acompañada de una evaluación de sus costes y beneficios e
indicando que los beneficios de la regulación debían ser “superiores” a los costes.
Más tarde, en 1993, la administración Clinton introdujo una serie de cambios dirigidos
a incrementar la accesibilidad del público al proceso y a introducir requerimientos
para examinar las consecuencias distributivas de las regulaciones (Harrington i
Mortgensen, 2004). Igualmente, los mismos autores indican que se cambió el
requisito relativo a que los beneficios de las regulaciones propuestas tuviesen que
“superar” los costes, para pasar a requerir que tan solo los “justificasen”.
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