CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

a nivel europeo y las implicaciones para Cataluña. Escocia argumenta así la necesidad
de una EAE:
EIR de las Regulaciones de Evaluación Ambiental de Planes y Programas (2004,
Escocia)
Si bien Escocia dispone de un conjunto de regulaciones para asegurar que
se lleva a cabo una evaluación del impacto ambiental de los proyectos, no
se tiene en cuenta el impacto ambiental a un nivel más estratégico, ni tampoco
los efectos acumulativos de los muchos proyectos que surgen derivados de
un único plan. En el acuerdo A Partnership for a Better Scotland se asumió
el compromiso de introducir la EAE en todo el conjunto de nuevas estrategias,
planes y programas desarrollados por el sector público en Escocia, yendo más
allá de las obligaciones contenidas en la directiva 2001/42.
La EAE proporciona una metodología sistemática para tener en cuenta los efectos
de los planes y programas sobre el medio ambiente y se considera una
herramienta vital para situar el medio ambiente en el centro de la actividad del
sector público, asegurando que se contemplan planes y programas alternativos
antes de tomar las decisiones finales. Todos los aspectos ambientales serán
considerados: impactos sobre el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad, la
salud humana y el patrimonio arqueológico de Escocia. Las regulaciones ayudarán
a las autoridades públicas a tomar decisiones basadas en una mejor
comprensión de sus consecuencias ambientales, pudiendo escoger entre un
abanico de soluciones alternativas y asegurando que la dimensión ambiental
de la sostenibilidad sea ampliamente considerada.
La no introducción de la EAE prolongaría la ausencia de consideraciones ambientales
a nivel estratégico en gran parte del sector público y excluiría un componente
clave del desarrollo sostenible del proceso de planeamiento. El riesgo
de impactos ambientales imprevistos sería mayor si las primeras evaluaciones
de impacto tienen lugar en la fase de proyecto. El desarrollo de enfoques alternativos
y una ampliación de las consultas públicas tendría que permitir una eliminación
de los impactos imprevistos, toda vez que permitiría una mayor participación
de los grupos afectados en la definición de la dirección de la propuesta
política y al sugerir enfoques alternativos. Por su parte, Escocia tiene la
obligación de introducir las provisiones de la directiva antes del 21 de julio del
2004; no hacerlo supondría posibles sanciones por parte de la UE.
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