El-control-parlamentario

132 EL CONTROL PARLAMENTARIO Y EL REDISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASprocedimental viene a concentrar la tarea del control parlamentario eneste tipo de auditoría. Todavía más, resulta muy claro que un PoderLegislativo que se ocupa sólo de este tipo de auditoría queda completamenteajeno del control sobre la política pública propiamente dicha, yde la evaluación respecto a sus resultados. En este sentido se produceuna contradicción, debido a la falta de comprensión o a la falta de actualizaciónrespecto a la naturaleza del proceso de políticas públicas.La tarea de aprobar leyes o rechazarlas supone que la asamblea legislativatoma decisiones sobre el contenido de las políticas públicas,puesto que los principios de estos programas de gobierno están formuladosen leyes. Pero si la asamblea legislativa se restringe a una perspectivajurídico-procedimental del control, entonces pierde de vista porcompleto el proceso incremental de decisiones que acompaña a todapolítica pública. En síntesis, de este modo la asamblea legislativa se haprivado de su función constitucional de legislar, a menos que entendamoslegislar como una actividad abstracta, ajena a la tarea del gobierno,que solamente establece un marco muy general para las actividadespúblicas, donde todas las decisiones relevantes y concretas respecto alas políticas serán tomadas por el Ejecutivo o la administración.En cualquier caso, una perspectiva sustantiva y de políticas respectoal control parlamentario considera que una asamblea legislativa deberealizar la evaluación de las políticas, para poder tomar decisiones sobreéstas. Vamos a considerar brevemente, entonces, el tipo de análisisque supone la evaluación gerencial de un programa de política pública.La perspectiva gerencial de evaluación de programas parte de la distinciónconceptual entre tres niveles de análisis, llamados también lastres “e”, a saber: eficacia, eficiencia y economía. El concepto de eficacia,en primer lugar, lleva a concentrarse sobre la forma en que se desarrollael proceso mismo de la implementación. Se analiza, ante todo, la organizaciónde la propia agencia que implementa la política, para observarque los criterios de autoridad y responsabilidad resulten claros, queexista suficiente comunicación dentro del organismo, que se destinenlos recursos materiales y humanos suficientes para que la agencia puedallevar a cabo sus tareas, etcétera. (Rosenbloom 1986: 322; Subirats, 1989:140). Con base en estos datos, se puede establecer de forma general queel comportamiento de los administradores públicos implicados resultapredecible y está coordinado en función del objetivo. Y esta conclusión