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66 EL CONTROL PARLAMENTARIO Y EL REDISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS1971). Aragón, (1998: 36) considera que si bien no hay democracia sinpartidos, el problema es que el Estado se ha vuelto patrimonio de lospartidos, con graves consecuencias para el Parlamento.Por lo que se refiere al control parlamentario y la crisis del Parlamento,autores como Duverger (1970: 178) han considerado que la omisiónde control eficaz es producto de la timidez y de la demagogia de ciertosparlamentos, lo que en la práctica se combina con la dependencia quealgunos legisladores tienen con respecto del Poder Ejecutivo al que teóricamentedeben controlar, es decir, es común que el jefe del Ejecutivoen turno haya influido en la nominación de diputados y senadores, yaporque presione directamente sobre ellos, o bien, porque el presidentecompre lealtades parlamentarias con futuros cargos públicos.De esta forma, los problemas a la hora de ejercer el control parlamentarioen distintos países democráticos han pasado por diferentes etapasrelacionadas generalmente con el argumento del fortalecimiento de losejecutivos, producto de fallas en el diseño institucional, que ha dadocomo resultado una incapacidad del Legislativo para ejercer algunasde sus funciones básicas y, por tanto, una cesión de autoridad legislativahacia el Ejecutivo. Sin embargo, estudiosos como Carey y Shugart(1998), al pretender explicar los orígenes de la autoridad legislativa delEjecutivo, dentro de un amplio marco comparativo, descartaron que laspotestades legislativas del Ejecutivo sean una usurpación de éste, sinoque, por el contrario, son los propios legisladores los responsables deesa capacidad legislativa del Ejecutivo, bien sea por delegación expresade los legisladores o por medio de una cláusula constitucional que asílo autoriza.Más aún, la baja producción legislativa podría ser aparente, o bien,responder a una estrategia del propio Legislativo, escudándose en laslimitaciones institucionales o la asimetría de información, por ejemplo,con el propósito de transferir facultades legislativas al Ejecutivo y evitarresponsabilidades por las políticas públicas aprobadas, como lo sugierenMorgenstern y Nacif (2002).En América Latina, esta idea de la poca influencia del Legislativoen la gestión de los asuntos públicos se basa regularmente en las facultadesconstitucionales y legales existentes, pero se dejan de ladoaspectos fundamentales que caen en el ámbito informal del poder políticoy que, eventualmente, hace muy influyentes a los parlamentos