El-control-parlamentario

POLÍTICAS PÚBLICAS COMO EJE ARTICULADOR DEL CONTROL PARLAMENTARIO133permite evaluar, por su lado, si los cambios observados en el campo deaplicación de la política son debidos a la intervención del organismopúblico y no se pueden explicar como consecuencia de un procesoalternativo, que no incluye al programa mismo. En otras palabras, lapredecibilidad y racionalidad de la organización y comportamiento delos agentes públicos son cruciales para poder establecer una conexióncausal entre su actividad y los cambios que puedan observarse en elcampo de acción de la política. Esta noción de eficacia se conoce tambiéncomo “evaluación de impacto” (Ballart, 1992: 77).Del análisis de la eficacia se puede extraer una conclusión muy importantepara el control parlamentario. Para ejercer algún tipo de posibilidadde evaluar políticas públicas de acuerdo con su contenido, comoprogramas de gobierno, una asamblea legislativa tiene que implicarsetambién en el diseño de los organismos administrativos que implementandicha política. Se trata de un desarrollo que sólo se ha producido enEstados Unidos, particularmente desde la sanción de la ley de procedimientosadministrativos (Administrative Procedures Act) en 1946. Estaley constituye, como señala Rosenbloom (2001), el punto de partida deun reposicionamiento del Congreso respecto a la administración pública.Willoughby (1913) sostuvo al respecto una tesis fundamental: quela administración pública ya no podía entenderse, a partir del desarrollode un Estado administrativo en las primeras décadas del siglo XX,como mera “ejecución” de las leyes.El moderno Estado administrativo asume, a través de las agenciasburocráticas que se multiplican en aquella época, la función de crearnormas de carácter general, que toman la forma de regulaciones, ordenanzas,decretos, y otras disposiciones administrativas en sus diversasdenominaciones. Este conjunto de disposiciones normativasgenerales, creadas por los organismos burocráticos, vienen a ocuparla función de ordenamiento de la vida social y económica que antes(hasta el siglo XIX inclusive) correspondía, de manera prácticamenteexclusiva, a las leyes. De acuerdo con Willoughby (1934: 115), el Congreso,para evitar perder su función legislativa misma, debe entenderque la moderna administración pública cumple una tarea que tieneque ser considerada, en el esquema de la división de poderes, comopropia de la legislatura y que, por tanto, la burocracia pública tieneque estar bajo su autoridad, en el sentido más directo. La reorganiza-