Democracia con Partidos - Centro de Estudios Públicos

1.5. Fortalecer el financiamiento ciudadano de la política1.5. Fortalecer el financiamiento ciudadano de la política *Salvador Valdés **IntroducciónEl antiguo financiamiento de la política chilena por medio de prácticas corruptasy de extorsión fue transparentado a la opinión pública por los casos Coimas(2002, perseguido por el juez Carlos Aránguiz) y MOP-GATE (1998-2005, perseguidopor la jueza Ana María Chevesich). No sorprende entonces que, frente ala pregunta en la encuesta CEP de diciembre de 2002, en cuanto a si en generallos candidatos financian sus campañas políticas a través de prácticas ilegales, el68% de los encuestados haya opinado que sí. En 2003, Chile dictó las primerasleyes que regularon el financiamiento de las campañas políticas, que fueron lasNº 19.863, 19.884 y 19.885 1 , seguidas por la Ley 19.963 en 2004.Sin embargo, según la encuesta del CEP de diciembre de 2006, el porcentajede encuestados que opinaban que, “en general, los candidatos financiaban suscampañas políticas a través de prácticas ilegales”, fue de 73%. Esa creencia seapoyaba en hechos, pues durante 2006 el Ministerio Público comprobó la desviaciónde fondos públicos desde los planes de empleo en la Quinta Región y envarias otras, y también las desviaciones de fondos públicos desde ChileDeporteshacia las campañas oficialistas de 2005, lo cual fue profusamente informado porlos medios de comunicación.La hipótesis de que el creciente alejamiento entre la ciudadanía y los partidospolíticos puede explicarse por la percepción ciudadana de que la política tieneun componente ilegal, no puede ser descartada livianamente. El aumento de lapercepción de ilegalidad entre 2002 y 2006 puede interpretarse como que, segúnperciben los encuestados, las leyes de 2003 no habrían sido efectivas. Estetrabajo investiga la validez de esta hipótesis.*Buena parte de este trabajo fue realizado cuando el autor era investigador del CEP. Agradezco al ServicioElectoral la entrega de datos excepcionalmente detallados sobre los aportes reservados por medio del OficioOrd. N° 243 de 2007. También agradezco comentarios y conversaciones con Claudio Orrego, Harald Beyer,Domingo Valdés, Felipe del Solar y Rodrigo Harrison, en una primera etapa, y de Lucas Sierra, Joaquín Trujillo,Sylvia Eyzaguirre y Loreto Cox en una segunda etapa. Agradezco comentarios recibidos en el seminarioCEP-Cieplan realizado el 14 de noviembre, de Harald Beyer, Eduardo Engel y otros participantes. Ninguno esresponsable del contenido de este trabajo. La sección 1 de este trabajo también fue recogida en Valdés (2007).**Doctor en Economía, MIT, Profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Enla actualidad es asesor senior en el Ministerio de Hacienda, entidad que no tiene responsabilidad alguna porlo expresado aquí.1La Ley 19.863 es aquella que convirtió los sobresueldos pagados en billetes en sueldo legal. Según testimoniosde dirigentes y parlamentarios oficialistas, los partidos de Gobierno también recibían aportes provenientesde fondos reservados, que no fueron legalizados en esa ley (fuente: edición dominical diario El Mercurio,noviembre de 2002, http://www.sofofa.cl/mantenedor/resumen.asp?p=2&s=360&m=11&a=2002).321