Democracia con Partidos - Centro de Estudios Públicos

1.5. Fortalecer el financiamiento ciudadano de la políticaSin embargo, la Ley 19.884, dictada en 2003, conculcó este derecho respectode los ciudadanos que integran sindicatos, colegios profesionales y asociacionesde funcionarios públicos, pues su art. 26 prohíbe donar por su intermedio acandidatos y partidos. Un proyecto de ley del gobierno militar también intentóprohibir las donaciones por medio de personas jurídicas a partidos políticos,pensando justamente en sindicatos y en las fundaciones que controlaba la oposiciónde la época. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que erainconstitucional, pues tal prohibición habría violado el derecho de asociarse sinpermiso previo (sentencia Nº 43, de 1987) 12 . Es paradójico que en democraciase haya aprobado esa misma restricción.La coherencia también exige que las personas jurídicas sin fines de lucro gocendel mismo tratamiento tributario que las empresas cuando donen. Considerandoque estas últimas fueron autorizadas a tratar como gasto su donacióna la política, para efectos del impuesto de primera categoría (ver Ley 19.885), sepropone crear un complemento de cargo fiscal canalizado por medio del Servelhacia los beneficiarios de donaciones de personas jurídicas sin fines de lucro quecumplan las demás condiciones propuestas más adelante. La tasa del complementodebería ser igual a la tasa de impuesto de primera categoría.El ejercicio del derecho de asociación puede tener un lado oscuro: al acumularmiles de donaciones pequeñas en una sola grande, los dirigentes de la asociaciónmaximizan su poder negociador con el político o partido beneficiario 13 .A continuación puede ocurrir un intercambio de dinero por compromisos, dirigidoa lograr favores legislativos o regulatorios para los asociados, a costa delresto de la ciudadanía, o peor aún, a lograr favores privados para los dirigentesde la asociación.Por esto la Corte Suprema de Estados Unidos ha estado dispuesta a sacrificaren parte el derecho de asociación, aceptando la prohibición total de las donacionespor medio de sindicatos, con tal de frenar los intercambios corruptos. Contodo, preservó los PAC de sindicatos.Para resolver este dilema existen opciones menos drásticas que la prohibiciónde donar. Ellas son el fundamento de la autorización a donar por mediode empresas (secciones 2 y 3). La coherencia exige ofrecer a los ciudadanos queconforman otras personas jurídicas, como los sindicatos, alternativas similares.Esas alternativas deberían combinarse con límites al monto donado, e impuestosal monto donado en exceso, para mantener la equidad con otras vías dedonación y para facilitar la fiscalización. De lo contrario, la persona jurídica sinfines de lucro podría ser usada como vehículo de donaciones de personas de fortunapara eludir los topes a la donación individual. El Apéndice 1 presenta una12Ver Considerandos Nº 45 y 46, citados en Mendoza (2000: 302).13Sería más oscuro si la afiliación a una asociación fuera obligatoria por ley. Eso es inconstitucional en Chile.333