Democracia con Partidos - Centro de Estudios Públicos

1.5. Fortalecer el financiamiento ciudadano de la políticaque pagó. En ambos casos, el aportante aprende a anticipar que el beneficiariono cumplirá su parte y opta por incumplir la suya. De terminar el intercambio,se lograría el objetivo de la ciudadanía.Estados Unidos también ha ensayado esta estrategia para efectos de las eleccionesde jueces que ocurren en dieciséis estados. En el caso de un juez-candidato,el favor más obvio es un dictamen favorable en un juicio pendiente o futuro, vendidoa cambio de dinero para la campaña. Desde la década de 1950, esos dieciséisestados han dictado leyes para impedir que los jueces-candidatos conozcanla identidad de quienes aportan dinero a sus campañas. La justificación fue quegracias a dicha ignorancia, los jueces electos dejarían de dictaminar a favor dequienes contribuyeron a sus campañas. Sin embargo, la implementación de dichosesquemas ha sido “primitiva” según Ackerman y Ayres (2002: 109).Con todo, la idea es atractiva. Por eso, desde la década de 1970 varios artículosacadémicos en Estados Unidos estudiaron esta estrategia en detalle, culminandoen un artículo de Ayres y Bulow (1998) en el Stanford Law Review, yluego traducido al español y publicado en Estudios Públicos (2001).También otros países han intentado aplicar estas ideas. Corea del Sur legislóen 1992 para permitir a los donantes hacerlo en forma reservada a un FondoPolítico. En Gran Bretaña el Partido Conservador propuso la creación de unfideicomiso ciego (blind trust) para recibir aportes privados, y el Partido Laboristareplicó esta idea algunos años después. Sin embargo, ellos fueron administradosen forma dependiente del mismo partido beneficiario, por lo cualterminaron desacreditados (Ackerman y Ayres, 2002: 268-271).2.5. Antecedentes preliminares sobre la estrategia III en ChileChile fue el primer país que aplicó esta estrategia en elecciones de carácter nacional,presidenciales y parlamentarias (2005 y 2009), además de municipales(2004 y 2008). El mecanismo previsto en las leyes N° 19.884 y N° 19.885 de2003, consta de tres etapas:a. El Servicio Electoral, una entidad pública independiente de los beneficiarios,recibe los aportes a través de oficinas de la banca comercial (actualmenteen Chile, del BancoEstado). La ley impone un mínimo a los depósitosde 20 UF.b. El aportante destina o “distribuye” su aporte a uno o más beneficiarios. Paradistribuir, los mandatarios de la persona jurídica deben concurrir a una oficinadel Servicio Electoral, que ofrece una sala con un terminal de computador.En dicha sala está prohibido registrar el destinatario y monto de cadadistribución, aunque se sabe que el mínimo para una distribución es cero yel máximo es el depósito de la etapa 1. Por eso, la sala replica las condicionesde las cámaras secretas donde las personas naturales emiten su voto.343