Democracia con Partidos - Centro de Estudios Públicos

Richard Katzren además a los candidatos y a sus partidarios como individuos. En efecto, elreconocimiento de que era inútil normar las donaciones a los candidatos y elgasto en nombre de los candidatos (“vote por Jones”), dejando las donaciones ylos gastos por y para los partidos (“vote conservador”) sin regular, fue un estímuloimportante para el reconocimiento oficial de los partidos en el Reino Unido.Aportes y límites al gastoEn términos amplios, la regulación del financiamiento partidario se puede entendercomo un intento de limitar la posibilidad de dos males. Por una parte,al limitar la cantidad que los partidos o los candidatos pueden aceptar de undonante individual o de ciertas categorías de donantes (en este caso, el “límite”a menudo es cero), las normativas pueden aspirar a impedir que los ricos“compren” influencias indebidas de los funcionarios públicos. Por otra parte, allimitar la cantidad agregada que se puede gastar en apoyo (u oposición) a candidatoso partidos en particular, las normativas pueden aspirar a impedir quelos partidos con mejores recursos “compren” una elección. Al mismo tiempo,se debe reconocer que estas dos limitaciones —para donaciones y gastos— representanlimitaciones de la acción política que pueden ser percibidas comoen conflicto o que necesitan estar en equilibrio con los derechos democráticosbásicos de la libre expresión.Este conflicto adquiere forma en el contraste que se da entre el modelo normativo“libertario” y el modelo “igualitario” (véase Manfredi y Rush, 2008; Feasby,1999, 2003; MacIvor, 2004). En el modelo libertario domina la libertad deexpresión individual; de ahí que las restricciones en los aportes o los gastos seanilegítimas 36 . En el modelo igualitario, el valor dominante es la “igualdad de condiciones”o, al menos, la protección ante un desequilibrio tal en el gasto que unavisión logre ahogar a las demás 37 . Una forma aún más general de abordar esta36La visión libertaria se ilustra en el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos en Buckley contraValeo, 424 U.S. 1 [1976], respecto de “gastos independientes” (aquellos realizados en apoyo u oposición a uncandidato, pero sin la connivencia del candidato). En Buckley (p. 48), el tribunal dictaminó que “la defensade la elección o la derrota de los candidatos a un cargo federal no tienen menos derechos a protección envirtud de la Primera Enmienda que el debate sobre políticas o la defensa de la aprobación o el rechazo de lalegislación” y, así, no podían ser restringidos sin contravenir de manera inadmisible los derechos que confierela Primera Enmienda a terceros. En decisiones más recientes de la Corte, como en Citizens United contra laComisión Federal de Elecciones, 558 U.S. 08-205 (2010), se ha puesto el financiamiento corporativo de lastransmisiones políticas independientes más allá de la restricción.37“[E]l Estado puede restringir las voces que dominan el discurso político para que los demás puedan ser oídostambién. En Canadá, la normativa electoral se ha concentrado en lo segundo normando los gastos electoralesmediante amplias disposiciones sobre financiamiento electoral. Estas disposiciones procuran crear un campode juego nivelado para aquellos que desean participar en el discurso electoral. Esto, a su vez, permite que losvotantes estén mejor informados; ninguna voz es apabullada por las otras” (Harper contra Canadá, párrafo 62).82