Democracia con Partidos - Centro de Estudios Públicos

1.2. Reforma a los partidos políticos mediante regulación legallas disposiciones legales que le son relevantes, en particular, las disposicionesrelativas a la constitución, la ley electoral y las leyes que regulan la realizacióny el financiamiento de las campañas políticas, al igual que las disposiciones querigen a los parlamentos, todas las cuales aportan al marco normativo en el quese desenvuelven los partidos. Por lo menos, cualquier consideración de la leychilena de partidos tendría que incluir no solo a la Ley 18.603, sino también ala Ley 19.884 (Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral) ya la Ley 18.700 (Ley Orgánica Constitucional Sobre Votaciones Populares yEscrutinios), así como al artículo 19 de la Constitución de Chile. Más que acotarla atención a las leyes de partidos autoidentificadas 2 , el alcance de este artículose define sustantivamente. En particular, los principales temas son: estatusconstitucional y legal de los partidos, junto con las reglas para su formación yreconocimiento oficial (qué considera la ley como un partido en forma genéricay qué debe hacer una organización específica para entrar en la categoría departido reconocido oficialmente); normativas acerca de la organización internay de sus funciones principales, incluidos el reclutamiento de integrantes y la selecciónde individuos para ocupar puestos dentro de la organización y para sercandidatos en elecciones públicas; normativas acerca de las actividades económicas,tanto de sus actividades políticas y organizacionales en general, como dellevantamiento y desembolso de recursos en campañas electorales; y finalmente,mecanismos para el cumplimiento y la fiscalización de estas normativas, para laadministración de las elecciones y para la resolución de controversias relativasa los partidos y a sus actividades.Como último preámbulo, en el análisis de estas preguntas, supongo que elobjetivo final de una reforma a los partidos mediante una reforma legal es mejorarla calidad de la democracia 3 . Por una parte, esto significa que muchos delos juicios que se emitan acerca de las reformas propuestas estarán teñidos porel énfasis relativo que se ponga en los diversos valores —no del todo compatiblesentre sí— involucrados en la definición de democracia. Por otro lado, esto abrela posibilidad de que se deban descartar algunas reformas que siendo capaces2Por ejemplo, el proyecto de la “Ley de partidos de la Europa moderna” (www.partylaw.leidenuniv.nl/) soloincluye constituciones y leyes identificadas como leyes de partidos o como leyes de financiamiento de partidos,no así leyes electorales, aunque aborden el mismo tema de fondo que, en otros países, se incluye en laley de partidos.3Esto no pretende negar que muchas reformas han sido motivadas en su totalidad o en parte por el deseo dequienes detentan el poder de imponer reformas para beneficio propio, aunque solo sea afianzando su permanenciaen el poder (ver, por ejemplo, Benoit [2004: 363], que plantea la hipótesis de que “las leyes electoralesvan a cambiar cuando exista una coalición de partidos tal que cada partido integrante de la misma espere ganarmás escaños en una institución electoral alternativa y tenga también el poder suficiente para llevar a caboesta alternativa a través de un decreto, dadas las reglas para cambiar las leyes electorales”). Sin embargo, auncuando la “verdadera” motivación de una reforma sea el interés propio, la justificación pública por lo generalse da en términos del interés público y de la calidad de la democracia.61