SALIR de la POBREZA - Observatorio de la Cooperación ...

346 Salir de la pobreza
Unidos se están dirigiendo cada vez más hacia la penalización y eventual deportación
de dichos inmigrantes “ilegales”, lo mismo que a detener la llegada de nuevos
migrantes. Esto representa un enorme obstáculo para los esfuerzos de los migrantes
de ayudar no sólo a sus propias familias, sino también a comunidades enteras en sus
países de origen.
El gobierno guatemalteco ha hecho énfasis en la enorme importancia de la migración
y las remesas para las comunidades rurales y pobres del país. En octubre de 2005,
el huracán Stan arrasó la región montañosa occidental, matando a 1.500 personas y
dejando devastadas las aldeas rurales. Siguiendo el precedente establecido después del
paso del huracán Mitch, que golpeó a Honduras y Nicaragua a finales de la década de
1990, el gobierno de Guatemala pidió al gobierno de Estados Unidos otorgar permisos
de trabajo temporales a cerca de 300.000 de sus ciudadanos que estaban viviendo y
trabajando en Estados Unidos, pero carecían de documentación legal. Los funcionarios
guatemaltecos temían que si un gran número de migrantes eran obligados a regresar
a Guatemala, no podrían encontrar empleo productivo en la economía asolada por el
huracán. De igual importancia era que las asociaciones de ciudadanos inmigrantes con
sede en Estados Unidos estaban enviando apoyo financiero valioso a las comunidades
devastadas por el fenómeno natural. La deportación de migrantes indocumentados
rompería esa cuerda salvavidas (Aizenman 2006).
El gobierno de Estados Unidos rehusó responder a la solicitud del gobierno guatemalteco
para los permisos de trabajo. Al mismo tiempo, el Congreso de esa nación
comenzó a discutir la legislación que impondría drásticas medidas a los inmigrantes
no autorizados en el país. Aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de
2005, la ley levantó protestas entre grupos de inmigrantes, organizaciones de trabajo
y grupos religiosos. También motivó una angustiosa respuesta desde el interior de
Guatemala. Representantes de más de 80 organizaciones comunitarias principalmente
en áreas indígenas y rurales del país enviaron una carta al Senado de Estados Unidos
pidiendo a los senadores que no aprobaran la ley propuesta. La carta, escrita en inglés,
español y k’iche’ maya declaraba:
Si se aprueba una legislación como la H.R. 4437, América Central entrará en un período de
inestabilidad económica y política... Les pedimos considerar una solución de colaboración y
sea comprensiva ante los temas de inmigración, que considere cuidadosamente el desarrollo
y la estabilidad a largo plazo de las comunidades de origen de los migrantes al igual que sus
destinos en ee.uu. [énfasis del autor].
Aunque la ley no fue aprobada, los esfuerzos para restringir y deportar a los
migrantes indocumentados se redoblaron a nivel estatal y federal. El Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas, sucesor del ins, introdujo un programa a nivel
nacional para realizar redadas en los sitios de trabajo y deportar a los trabajadores