las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Para cualquier ciudadano, el empleo es uno de los factores preferentes de socialización y
de participación regular en la vida comunitaria. Para las personas con discapacidad, la
importancia del acceso al mercado de trabajo se redobla en relación con el resto de la
población, pues empleo significa, en su caso, vía privilegiada de integración social. Sin un
puesto de trabajo, es muy difícil llevar una vida autónoma y decidir por uno mismo. Sin
empleo, las personas con discapacidad se colocan en situación de dependencia, al arbitrio de
la familia o de los poderes públicos y siempre en permanente peligro de marginación y
exclusión sociales.
La situación laboral de las personas con discapacidad en España y en Europa está lejos de
ser satisfactoria e indica claramente que se trata de un grupo con riesgo cierto de exclusión.
Los discapacitados acceden en mucha menor medida que la población no discapacitada al
empleo (menores tasas de actividad) y sufren niveles de desempleo muy superiores. La
cualificación y los niveles retributivos de los pocos que consiguen acceder a un puesto de
trabajo son muy inferiores a la media de los trabajadores sin discapacidad.
La incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo exige la
voluntad decidida y la acción enérgica de los poderes públicos, los agentes sociales, la
sociedad en general, y también y muy especialmente, de los propios discapacitados, que
deben convertirse en los protagonistas, en los agentes de su propia integración.
Este estado de cosas, que supone el apartamiento injustificado de casi el 10% de la
población de la sociedad a la que legítimamente aspira a formar parte, en igualdad de deberes
y obligaciones, aconseja la adopción de medidas activas que promuevan el acercamiento de
este grupo de población al mercado de trabajo, permitiéndoles con su esfuerzo contribuir a la
riqueza nacional y al desarrollo comunitario.
La acción a favor del empleo de las personas con discapacidad pasa por:
• -Compromiso de los poderes públicos para promulgar y hacer cumplir leyes y normas
favorecedoras de la integración laboral de las personas con discapacidad, estableciendo a
estos fines un régimen de incentivos y bonificaciones de la contratación, de acciones de
discriminación positiva en suma, que contrarreste la situación de partida de objetiva
desventaja que, en términos de inserción laboral, padece este grupo social.
• -Llamada a las propias personas con discapacidad y a las organizaciones en las que se
encuadran a prestar una atención preferente a su propia formación, que deberá venir
facilitada por los poderes públicos, a fin de conseguir el mayor grado posible de
cualificación, de forma que tengan por sí mismas posibilidades de integración laboral como el
resto de ciudadanos.
• -Los empleadores deben tomar plena conciencia de las potencialidades laborales y
conceder una oportunidad en términos de empleo a las personas con discapacidad,
animándoles a que tomen ejemplo de las empresas que ya han ensayado estas acciones de
inserción laboral, que tienen un grado de satisfacción muy significativo. Hay que ver en la
persona con discapacidad un ser humano con capacidades y habilidades y no una persona
limitada.
• -Para las personas con discapacidad que no puedan trabajar o tengan un grado limitado
de capacidad laboral, los poderes públicos deben garantizar la protección social o las
fórmulas sociolaborales (empleo protegido) idóneas a sus circunstancias.