las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Por ello, estas normas deben también clarificarse definitivamente, a través de normas con
el rango adecuado y con participación del grupo de las personas con discapacidad, en el
sentido, en primer término, de dejar perfectamente sentada la previsión de que cualquier
situación de incapacidad debe ser plenamente compatible con la posibilidad de realizar todas
las actividades, lucrativas o no, que el propio estado de la persona permita, como principio
fundamental para garantizar, también a las personas con discapacidad, su derecho esencial al
trabajo y a la integración social.
A partir de este principio podría, a su vez, siguiendo criterios de igualdad, regularse la
posibilidad de reducir la pensión que se venía percibiendo, en la medida en que ello fuera
razonable y que posiblemente fuera hasta situarla en los porcentajes previstos para las
pensiones de incapacidad permanente total que, por definición, es ya compatible con el
ejercicio de una actividad diferente a la que era habitual en el momento de producirse la
incapacidad. E, igualmente, tendría que preverse que las cotizaciones efectuadas en el nuevo
trabajo sirvieran, en todos los casos, para mejorar las prestaciones que se venían percibiendo.
Todo ello con objeto de lograr una efectiva equiparación de derechos de las personas con
discapacidad con el resto de los ciudadanos, eliminando las trabas que hoy dificultan, desde
la Seguridad Social, su integración laboral y social, lo que sería posible lograr en gran
medida mediante el conjunto de medidas a las que se ha venido haciendo referencia hasta este
momento.
III. DEPENDENCIA
Pero, sin perjuicio de las propuestas efectuadas hasta este punto y que son absolutamente
necesarias para acomodar nuestro actual sistema de Seguridad Social, la realidad actual
impone hoy avanzar algo más en el campo de la protección social, para dar cobertura a una
necesidad que no es nueva, pero que por el acelerado proceso de envejecimiento de la
población y los cambios en las estructuras familiares está agudizándose en los últimos
tiempos y lo hará aún más en el futuro: la protección por dependencia.
Esta necesidad social no es nueva, porque muchas personas con discapacidad la han
experimentado siempre, pero sin duda, su generalización y extensión como consecuencia del
crecimiento de la esperanza de vida, y las cada vez mayores dificultades para su cobertura a
través de los cuidados informales en el seno de la familia, tradicional en los países
mediterráneos, han hecho que sea hoy, al fin, una cuestión que se sitúa cada vez más en
primer plano de la actualidad y que desde distintos frentes políticos, sociales y económicos se
inicie el debate sobre su cobertura.
Así, diversos países europeos como Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia o Portugal
han regulado ya distintas fórmulas de cobertura de las situaciones de dependencia, en el seno
de los sistemas públicos de protección, como una prestación diferenciada.
Y en España no podemos quedar al margen de esta tendencia, cuando nuestras
necesidades son similares a las de otros países europeos, y cuando, por el contrario, los
medios que dedicamos a darle cobertura son sensiblemente inferiores a ellos en todos los
órdenes, como se deduce de la simple apreciación de los datos de gasto social en porcentaje
del PIB, publicados por EUROSTAT, que reflejan, en 1998, una diferencia global con la
media europea de 6,1 puntos del PIB. Diferencia que, si consideramos sólo las funciones
vejez, invalidez y supervivencia, se sitúa en 3 puntos y que en otras funciones relacionadas
con la dependencia, como son la función familia o la de exclusión social, suponen también
déficits de 1,8 ó 0,3 puntos del PIB con esa media europea.