las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Por lo que respecta al orden normativo interno, tales valores se recogen en nuestra
Constitución y se expresan no sólo como principios sino también como mandatos, al tiempo
que se expresan como prohibición de discriminación pero también como promoción positiva
de los derechos, para garantizar la igualdad. En todo caso nuestra Constitución establece una
peculiar fórmula de vinculación de los derechos fundamentales recogidos en ella a la luz de la
progresista fórmula de interpretación de los mismos de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los restantes tratados y acuerdos internacionales
ratificados por España en las mismas materias. Este vínculo trae a nuestro derecho y a los
contenidos de la RSE todo el orden normativo y el conjunto de principios y valores al que ya
hemos hecho referencia. Pero, en todo caso, en la medida en que la RSE establece un ideario
que entre sus principios rectores coloca siempre el cumplimiento de la legislación que a cada
empresa le afecta, la empresa que adopta un ideario RSE explicita su compromiso activo con
el cumplimiento del marco normativo interno en materia de discapacidad. Y en el derecho
español existen diversas normas que imponen restricciones y obligaciones de hacer a las
empresas en esta materia, básicamente el propio Estatuto de los Trabajadores y la LISMI.
Por citar sólo un ejemplo: la cuota de reserva del 2 por ciento de los empleos a favor de las
personas con discapacidad o de la utilización de las medidas alternativas, si procede. De este
modo, debe quedar claro que no podría existir ninguna corporación o empresa española que
manifestara estar en la dinámica de la RSE sin acreditar en sus informes anuales el
cumplimiento de esa obligación relativa a la contratación de las personas con discapacidad en
sus plantillas. Situación que a la fecha nos permite señalar que son numerosas las grandes
corporaciones españolas que dicen cumplir con la RSE y presentan sus memorias de
comportamiento ético, que sin embargo no cumplen con este precepto legal. Circunstancia
ésta que pone de manifiesto la fragilidad de la RSE cuando no está avalada por la existencia
de un sistema de gestión de RSE, en términos de sistema de calidad, y que pone en valor la
búsqueda de un sistema europeo común, verificable, auditable y público.
Mayor dificultad encierra, sin embargo, determinar los mecanismos de aplicación de las
nuevas figuras de intervención estatal en materia de no discriminación de las personas con
discapacidad, tal y como recoge la Directiva Europea 2000/78/CE para el establecimiento de
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que ha de ser
traspuesta al derecho español y que incorpora a nuestra cultura jurídica fórmulas de difícil
aplicación como los conceptos de la “desventaja particular” del art. 2.2.b relativa a la
discriminación indirecta, la idea de “medidas adecuadas”, o la de “ajustes razonables” (art. 5)
o el principio de diálogo con las organizaciones que “tengan un interés legítimo”. Lo
destacable de estas nuevas reglas es que colocan al empresario en la obligación de hacer y, en
caso negativo, deberá arrastrar la carga de la prueba para acreditar lo adecuado de su acción.
La incorporación a nuestro derecho de estos nuevos conceptos arrastra consecuencias
evidentes en el orden legal, pero, y es lo que nos interesa destacar ahora, hace inexorable el
proceso de diálogo del empresario con el tejido asociativo a los efectos de establecer las
prácticas aceptables y los códigos de conducta en los que apoyar sus decisiones y a través de
los cuales obtener resultados efectivos en la promoción de la igualdad de trato de las personas
con discapacidad. La RSE viene a ser en este caso una muy buena fórmula para armonizar
normas y valores, así como para interpretar los mejores métodos para hacer que las normas
sean respetadas no sólo formalmente.
Disponemos, por tanto, de principios y valores que las empresas asumen implícitamente
cuando suscriben la RSE y con ella los valores dominantes y el orden legal en el que se
plasman. Pero también pueden suscribirlos explicitamente si la capacidad de acción de las
organizaciones de las personas con discapacidad se moviliza para presionar en ese sentido
tanto en la regulación que de la RSE se haga, como en la elaboración de la norma de calidad
correspondiente, como en la adopción concreta de los códigos de conducta por parte de cada
una de las empresas individualmente.