las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

II. -TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
Por ello, configurada así la magnitud del asunto, se han de analizar a continuación,
aunque sea someramente, los principales problemas que las personas con discapacidad
encuentran en la Seguridad Social. Porque si la Seguridad Social, y en concreto su sistema de
pensiones, es esencial para la garantía del bienestar de los discapacitados, tampoco podemos
dejar de considerar que, en su configuración actual, aún mantiene serios obstáculos que
distorsionan lo que, a juicio del CERMI, debería constituir su acción protectora en relación
con la discapacidad, para asegurar una efectiva igualdad de trato a un grupo con
características específicas, dando cumplimiento al mandato de «amparo» contenido en el
artículo 49 de la Constitución.
Y el primero de estos obstáculos coincide, precisamente, con la que señalaba como
máxima aspiración de la mayor parte de las personas con discapacidad, como es la
incorporación al trabajo para lograr la plena integración social.
Pues bien, esa incorporación al trabajo que, a nuestro juicio debería ser fomentada por los
poderes públicos en cumplimiento también de los mandatos constitucionales, y que, de hecho,
lo es a través de algunas medidas como la reducción o bonificación de cotizaciones sociales,
se ve dificultada, a su vez, por el mantenimiento de algunos otros esquemas que no
contemplan estas situaciones.
De este modo, la persona afectada por una discapacidad se encuentra con que, después de
haber estado trabajando y cotizando, como cualquier otra, sus dificultades para alcanzar una
pensión van a ser muy superiores a las del resto. En efecto, si llegado un momento
determinado, queda incapacitada para el trabajo que venía desarrollando o para todo trabajo,
se le va a exigir, no sólo probar esa incapacidad y, por supuesto, cumplir los requisitos
establecidos en cuanto a afiliación y cotización sino, además, probar que la incapacidad
proviene de una causa posterior al inicio de la actividad o, en su caso, de un agravamiento de
las lesiones que padecía antes de iniciarla.
A nadie se le ocultan las dificultades que esta prueba lleva consigo. Y ello por dos razones
fundamentales: porque, en muchos casos, es sumamente difícil deslindar la incidencia que
unas causas puedan, o no, tener sobre otras, hasta configurar conjuntamente una situación de
incapacidad para el trabajo que debería ser atendida a partir de uno de los principios
establecidos ya en la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, como es la «consideración
conjunta de las contingencias»; y, también, en otros supuestos, porque determinar el
agravamiento de una dolencia que previamente, en el momento de la afiliación y el alta, no
fue convenientemente evaluada, resulta en ocasiones poco menos que imposible.
Todo ello lleva muchas veces a la persona discapacitada a verdaderos callejones sin
salida, a situaciones en las que el ejercicio de la actividad se torna francamente imposible
pero en las que, a la vez, se vuelve también imposible el acceder a las prestaciones que la
Seguridad Social prevé para estos supuestos, porque desde el sistema de protección se alega
que se trata de una situación preexistente, anterior al alta en Seguridad Social.
Sin embargo, la solución parece relativamente sencilla. Por una parte sería necesario que
la legislación vigente recogiera, de forma clara y precisa, este tipo de supuestos, para darles
soluciones también claras y precisas que no lleven consigo largos procedimientos
administrativos o judiciales para lograr probar lo que seguramente es evidente, es decir, la
incapacidad para el trabajo.