las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Las modificaciones precisas en el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, para
que los procedimientos puedan ser instados no sólo por las personas que se consideren
discriminadas, sino también por las personas jurídicas, tales como asociaciones u
organizaciones, en nombre del reclamante o en su apoyo y con su autorización.
En cuanto a la inversión de la carga de la prueba, nuestro Derecho ya recoge este
principio en las normas de procedimiento laboral y referido, obviamente, sólo a la
discriminación por razón de sexo. El artículo 96 de la Ley de Procedimiento Laboral
consagra la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al demandado la aportación,
para defender el presunto trato discriminatorio de “una justificación objetiva y razonada,
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Se trataría, en
consecuencia, de extender esta norma a las restantes discriminaciones previstas en la
Directiva.
II.G. -TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN
EL ORDEN SOCIAL
Debe adaptarse el artículo 8.12 de Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), que recoge el tipo infractor relativo a la
discriminación, ampliándose, también, al incumplimiento de la adopción de los ajustes
razonables o medidas de adaptación. También debe crearse un nuevo tipo en las infracciones
muy graves (Artículo 16) en materia de empleo, que cubra los incumplimientos de las
personas fisicas o jurídicas respecto los programas de empleo (orientación), formación
ocupacional y continua.
MODIFICACIONES DE NORMAS CON RANGO DE REAL DECRETO.
a) -Se propone la modificación de las siguientes normas para recoger cláusulas que se
remitan a la aplicación supletoria del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo al artículo
4.2.c) del Estatuto de los Trabajadores:
• -Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, relación laboral especial del personal de
alta dirección.
• -Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, relación laboral especial del servicio del
hogar familiar.
• -Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, trabajo de penados en instituciones
penitenciarias.
1
El CERMI ha elaborado un “Plan de Empleo para las personas con discapacidad en el Siglo XXI”, que ha sido
presentado al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el mes de noviembre de 2000
2
Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9-12-1976 (DO L 39, de 14-2-1976), en trance de ser modificada (Propuesta
COM (2000)334 final)
3
Directiva 2000/43/CE; DO L 180 de 19-7-2000.
4
Art. 17.1 ET: “Se entenderán nulos y sin efectos los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios
colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones
desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en el empleo, así como en
materias de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza,
condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con
otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español.”
5
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.