las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

-La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de acción positiva
se refiere a la discriminación de género 5 y ha producido dos sentencias, los casos
“Kalanke” 6 y “Marshall” 7 , que han perfilado
el principio de la acción positiva en relación a la discriminación por razón de sexo,
considerando que no es posible garantizar a las mujeres preferencia absoluta e
incondicional frente a un hombre, pero también es cierto que las mismas sentencias, así
como una recaída en un caso
de la Comisión contra Francia 8 , han justificado el trato preferente en función de la
situación general de desventaja, mediante medidas para mejorar la capacidad para
competir en el mercado de trabajo y desarrollar una capacidad profesional en pie de
igualdad.
• -El principio de igualdad de trato y la acción positiva en nuestra Constitución.
-Nuestra Constitución (1978) veda, en su artículo 14, cualquier tipo de discriminación
“por razón de nacimiento, raza sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. Si bien no se cita explícitamente a la discapacidad
como un motivo de discriminación, el Tribunal Constitucional ha venido incluyéndola
como una de las circunstancias objeto de protección al máximo nivel 9 .Esta
interpretación integradora ha sido adoptada en otros Estados miembros que tampoco
citan expresamente la discapacidad como una de los motivos prohibidos de
discriminación (Italia, Holanda...). La tutela jurídica frente a las vulneraciones del
principio de no discriminación goza de la más alta protección en nuestro país (ante los
tribunales ordinarios y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
conforme al artículo 53 de la Constitución).
-El reverso del principio de igualdad de trato y no discriminación es el mandato a los
poderes públicos dirigido a “promover las condiciones para que la libertad e igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” y a “remover los
obstáculos” que impidan o dificulten la plena participación de todos “(Art. 9.2 de la
Constitución). Y específicamente el mandato a los poderes públicos para realizar
“políticas” de integración de las personas con discapacidad (Art. 49 de la Constitución).
En suma la igualdad de trato es, en nuestro marco jurídico, perfectamente compatible
con la acción positiva para superar desventajas y desigualdades que históricamente
viene sufriendo este colectivo. La igualdad, en suma, no se conforma con la igualdad
formal o de trato sino que exige que se tenga en cuenta la igualdad sustancial, material
o de hecho. La doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 10 han avalado la
relación que existe entre la vertiente formal y sustancial de la igualdad, legitimando las
actuaciones de los poderes públicos que impliquen el establecimiento de ciertas
desigualdades formales en aras de la consecución de la igualdad real. De esta forma el
artículo 9.2 de nuestra Constitución constituye el fundamento de una tutela
antidiscriminatoria positiva o activa que pretende la realización de la igualdad real a
través de intervenciones especiales tendentes a lograr la igualdad de oportunidades rota
por los prejuicios o incomprensiones sociales 11 .
I.3. El Acceso Universal y el Diseño para Todos