las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

A través de este artículo se expresa, por tanto, el compromiso adquirido por los poderes
públicos en materia de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
minusválidos. Si bien el conjunto de medidas favorecedoras de la integración de los
minusválidos no se garantizan en la Constitución con la misma importancia que los derechos
contemplados en los artículos 14 al 29 y el 30.2, los preceptos contenidos en el art. 49, como
parte de los principios rectores de la política social y económica, informan la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, tal y como establece el
artículo 53 de la Constitución. Por ello, el Estado está obligado a realizar políticas activas y
pasivas en esta materia y dirigir sus actuaciones de acuerdo con estos principios, que no
vienen sino a concretar otros principios constitucionales más generales, como son los
derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad personal, recogidos en los artículos 9.2,
10 y 14 de la Constitución.
I.1.B. -La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos
Los derechos del artículo 49 de la Constitución tienen su desarrollo normativo en la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Tal y como
refleja en su art. 1 “los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan en los
derechos que el reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus
capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total
integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias”.
En su desarrollo, la LISMI establece el marco general de la acción pública a favor de las
personas con discapacidad. En su artículo 3 se contempla la obligación de los poderes
públicos de prestar “todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se
refiere el artículo 1, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados
médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la
integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la
Seguridad Social”.
En materia de integración laboral, que es la que nos ocupa, la LISMI establece tres
fórmulas para llevar a este grupo a la integración laboral efec-
tiva: primero, la promoción del empleo en empresas ordinarias; segundo, el empleo protegido;
y tercero, los centros ocupacionales fundamentalmente formativos y de carácter pre-laboral.
Estos tres sistemas se analizan con más detalle en los siguientes epígrafes.
I.1.B.1 -El acceso de los discapacitados al empleo ordinario
La incorporación de los trabajadores discapacitados al mercado de trabajo se ve
favorecida en la LISMI por la previsión de ciertas medidas de apoyo como las ayudas a fondo
perdido o el establecimiento de una cuota de reserva de puestos de trabajo. En el caso del
acceso a las empresas ordinarias se establece, por un lado, la existencia de ayudas a la
contratación a la par que ciertos beneficios fiscales y bonificaciones de la cuota empresarial a
la Seguridad Social, y, por otro, el establecimiento de la cuota de reserva del 2% de los
puestos de trabajo en empresas ordinarias de 50 o más trabajadores a discapacitados.
a). Marco legislativo para el fomento del acceso al mercado ordinario de trabajo
Las disposiciones que regulan las ayudas al fomento del empleo y la reserva de la cuota
de trabajadores discapacitados en empresas ordinarias son: