las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Por su lado, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, a la que seguidamente haremos
referencia, expone un concepto donde pone el acento más en el aspecto organizativo de estas
entidades que en el patrimonial. Preceptúa así el artículo 1.1 de dicha Ley: “Son Fundaciones
las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general”. Y
continúa el apartado 2 “Las Fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus
Estatutos y, en todo caso, por la presente Ley”.
Volviendo a la regulación constitucional de la institución fundacional, el artículo 34 CE
no se encuentra recogido entre los derechos fundamentales y las libertades públicas que dan
acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y cuyo desarrollo exige una ley
orgánica, pero sí entre los derechos que vinculan a todos los poderes públicos y cuyo ejercicio
puede regularse sólo por ley –aunque ordinaria–, que en todo caso deberá respetar su
contenido esencial (art. 53.1 CE).
Por último, debemos hacer una especial mención a la remisión efectuada por el apartado 2
del artículo 34 CE, donde queda previsto que para las fundaciones rija también lo dispuesto
en los apartados 2 y 4 del artículo 22, referido al derecho de asociación. A tenor de estos
puntos se determina que las fundaciones que persigan fines u utilicen medios tipificados como
delitos son ilegales, así como que las fundaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en
sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
II. -NORMATIVA BÁSICA REGULADORA EN LA ACTUALIDAD DE LAS
FUNDACIONES:
El desarrollo legislativo del artículo 34 CE está actualmente acometido por la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General.
Como reseña su Exposición de Motivos, la necesidad ineludible de actualizar la
legislación sobre Fundaciones venía determinada, de un lado, por el artículo 34 de la
Constitución, y, de otro, por la importancia que en la vida social ha adquirido el ejercicio de
este derecho de fundación. A ésta se unía otra necesidad cual es la de estimular la iniciativa
privada en la realización de actividades de interés general, vista la dificultad de los poderes
públicos de atender plenamente ese interés general y el protagonismo que la sociedad reclama
a las variadas entidades sin ánimo de lucro.
El estado de la mayor parte de las normas legales y reglamentarias vigentes en ese
momento en la materia, antiguas y preconstitucionales, dispersas y dispares, con una validez
ciertamente dudosa en algunas ocasiones, obligó a su revisión para adaptarlas al marco que la
Constitución establecía en materia de Fundaciones, habiéndose hecho imprescindible una
simplificación del sistema dotándole de claridad y racionalidad y reforzando la seguridad
jurídica, al tiempo que facilitando la labor de los destinatarios finales de las normas. A la vez
había que acomodar la regulación de esta institución a la actual distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.