las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

• -Determinar las condiciones y requisitos para que las empresas acrediten que la
modificación que se les requiere supone una “carga excesiva”, en los términos de la
Directiva, lo que las exime de adoptar las medidas o “ajustes razonables”.
• -Un régimen de ayudas públicas a la realización de los “ajustes razonables”. Las ayudas
a la adaptación del puesto de trabajo existentes (hasta 300.000 pesetas), previstas en el RD
1451/1983, de 11 de mayo, en lo relativo a la contratación indefinida de minusválidos, o en la
OM de 16 de octubre de 1998, cuando la integración laboral se haga a través de centros
especiales de empleo, están infrautilizadas por cuanto no existe sensibilidad sobre la materia,
especialmente en las empresas ordinarias, y se desconocen por sus potenciales usuarios las
ayudas técnicas que ofrece el mercado. La tramitación de estas ayudas no es sencilla y la
cuantía es escasa. Debería realizarse una evaluación y seguimiento de este programa de
ayudas para efectuar los necesarios cambios normativos para hacer atractiva y eficaz la
medida.
• -Establecer una cláusula antidiscriminatoria que cubra las relaciones de trabajo con uno
o varios empleadores o terceros, excluidas del ámbito del Estatuto de los Trabajadores (las
referidas antes en el artículo 1.3 de dicha Ley), incluido el trabajo autónomo.
II.C. LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Como se ha visto, al estar excluidos del Estatuto de los Trabajadores los funcionarios, se
deben adaptar sus normas específicas. Al mismo tiempo se aprovecha para elevar el cupo de
reserva de la oferta de empleo. El motivo es la dificultad para promover la incorporación de
personas con discapacidad al empleo público a la vista de los muy pobres resultados
estadísticos de los últimos años. Asi, pues, se propone la elevación del cupo de reserva de
plazas ofertadas para ser cubiertas por minusválidos con el objetivo, como hasta ahora, de
alcanzar una tasa de ocupación del 2% en el Estatuto de la Función Pública y la adaptación
de las pruebas según el tipo de discapacidad de que se trate (en las CC.AA. de Baleares,
Cataluña, Castilla -La Mancha, Navarra, se han tomado medidas en esa línea, tales como la
elevación de la reserva al 5% ... ).
II.D. -LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LEY
ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES
En relación a la aplicación de “ajustes razonables” en la educación: Además de las
pertinentes modificaciones a incorporar en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de
Integración Social de los Minusválidos, los necesarios cambios en la LOGSE, Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, y, en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, asi como en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Se estima oportuno extender el principio de igualdad a todo el ámbito de la
educación en todos sus niveles. En el caso de la incorporación de profesores universitarios
con discapacidad se propone la elevación del cupo de reserva ofertado, en consonancia con lo
antes señalado en relación con la función pública.
II.F. LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL