las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

c) -Instalación de programas informáticos y de comunicación adecuados para su
utilización por dichas personas.
d) -Adopción de métodos de trabajo y normas internas en las empresas o de los centros de
orientación, educación o formación que sean, no solo respetuosas con el principio de
igualdad, sino que incentiven la eliminación de desventajas o situaciones generales de
discriminación hacia las personas con discapacidad.
5. En el caso de las empresas en relación con sus trabajadores con discapacidad, en caso
de que estos o los representantes legales del personal soliciten la instalación o puesta en
práctica de las medidas a que se hace referencia en el apartado anterior, están obligadas a su
adopción o, en caso contrario, a justificar al trabajador y a los representantes legales del
personal que las mismas suponen una carga excesiva teniendo en cuenta, particularmente, los
costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen, los recursos financieros y el
volumen de negocio total de la empresa. En caso de falta de acuerdo entre la empresa y el
trabajador, resolverá la Autoridad Laboral competente, previo informe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las circunstancias antes señaladas y la
disponibilidad de ayudas públicas o privadas para sufragar total o parcialmente los costes de
las medidas de adaptación.
En el caso del usuario, beneficiario o alumno de los servicios de orientación, de los
programas de formación profesional reglada, ocupacional o continua, o del sistema educativo
general e universitario, en relación con las personas físicas o jurídicas que presten dichos
servicios, la solicitud de instalación o puesta en práctica de dichas medidas la dirigirá la
persona con discapacidad o cualquier organización de personas con discapacidad, con su
autorización, a la Dirección del centro afectado, estando éste obligado a su adopción o, en
caso contrario, a justificar al solicitante que las mismas suponen una carga excesiva teniendo
en cuenta, particularmente, los costes financieros que las medidas impliquen, así como los
recursos financieros disponibles. Las discrepancias entre ambas partes, serán resueltas por la
Inspección de Servicios u órgano análogo, en el caso de tratarse el titular del centro o
programa una Administración Pública, y por el IMSERSO o el órgano competente en materia
de servicios sociales, cuando la titularidad recaiga en una persona que se rija por Derecho
privado.
6. El Gobierno regulará reglamentariamente un régimen de ayudas públicas dirigido a
sufragar total o parcialmente los costes de las medidas para superar las desventajas de las
personas con discapacidad en el acceso al empleo, el trabajo y la formación.”
LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA (LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, MODIFICADA
POR LEY 23/1988, DE 28 DE JULIO)
La Disposición Adicional 19 introducida en la Ley 30/1984 por la Ley 23/1988, de
Reforma de la Función Pública, queda redactada de la siguiente forma: