las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

La primera paradoja consiste en la toma de razón de que la RSE habla de normas y
principios aceptados ya entre nosotros y lo hace con el carácter de adhesión voluntaria a los
mismos. Debemos recordar que la RSE puede ser gestionada por empresas y corporaciones
cuya radicación sea múltiple (pensemos en una multinacional con centros en 10 países en
todos los continentes), o que se corresponda exclusivamente con un ámbito nacional
exclusivo. Pensemos en nuestro caso y hablemos de España. En este supuesto la RSE se
pronuncia sobre normas y valores que conocemos e identificamos. Seguramente podríamos
incluso afirmar que nuestras normas son la consecuencia de nuestros valores y que hay una
buena correspondencia entre ambos planos. Respetamos y estamos adheridos al sistema
normativo internacional y tenemos una regulación que en el orden social, laboral y
medioambiental está por encima de los mínimos internacionales. Para nosotros tales
invocaciones y declaraciones están fuera de lugar, son redundantes. Podríamos incluso pensar
que sobran las indicaciones sobre el respeto a nuestra propia normativa interna, pero no es
menos cierto que constatamos día a día que muchas normas no se cumplen y que un
cumplimiento formal no siempre supone un cumplimiento real o la obtención del resultado
previsto por el legislador. La virtualidad de la RSE es la de colocarnos de nuevo delante de la
paradoja de reformular los principios y los valores que asientan nuestro sistema legal y moral
para armonizarlo con aquellas conductas de la empresa que no sólo han de ser respetuosas
con esas normas, sino que han de conducirse efectivamente a la consecución exitosa de lo
previsto en las mismas. Para hacer ese esfuerzo de redefinición del plano de lo concreto, el
viaje hacia atrás tiene sentido: la suma de los valores fundamentales con las reglas que los
especifican tiene que dar a las empresas más responsabilidad para actuar proactivamente en
la consecución de los fines sociales de la comunidad de la que es parte activa. La empresa en
RSE no es ya un sujeto pasivo de normas (internacionales o nacionales), sino que
tiene que ser un agente muy en la aplicación de las mismas.
V.2. -¿Están suficientemente recogidos en la RSE los valores que afectan a la no
discriminación y a la acción positiva a favor de las personas con discapacidad?
A este respecto cabe destacar que los derechos de las personas con discapacidad han sido
expresados y recogidos ya en muy diversas normas y convenciones internacionales y en
diferentes Cartas Sociales que han servido de referencia para los avances legislativos
producidos en nuestra normativa interna. Lo que importa destacar ahora no es tanto la
expresión concreta de esos principios a través de las normas de obligado cumplimiento, que
obviamente han de ser respetadas, como la existencia de los valores en los que se sustentan y
que componen el acervo común de la comunidad internacional y de nuestra sociedad en
materia de integración social y no discriminación de las personas con discapacidad.
Así, en el ámbito europeo, tales valores vinculan la garantía de la dignidad humana con la
integración social y económica de las personas con discapacidad, asumiendo que la
readaptación sea un objetivo prioritario de toda política social y considerando que la no
intervención de los estados y de la sociedad en general en la realización práctica de este
principio vulnera la dignidad humana. Tales principios se expresan, de ordinario, a través de
tres objetivos esenciales: la prevención, reducción y atenuación de las discapacidades y de sus
consecuencias; la garantía de una participación plena y activa de las personas discapacitadas
en la sociedad; la consecución de una vida autónoma basada en la libertad de elección
personal. Lo anterior se enmarca en los principios previos de no discriminación, de igualdad
de oportunidades y de acción positiva.
Tal es esquemáticamente el frontal de los valores que la RSE debe recoger en Europa y,
por ende en España, en relación con las personas con discapacidad porque tales son los
valores dominantes y porque tales principios informan cualquier mandato legal posterior en
esta materia.