las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Pero es que, además, la propia Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad social, de 15 de julio de 1997, previó también la posibilidad, aún no desarrollada,
de que pudieran incluirse en el campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos quienes trabajen al cuidado de su propio hogar, aun cuando no realicen ninguna
actividad remunerada. No parece, por tanto, tampoco en este supuesto, existir obstáculo
conceptual alguno para que las personas con un grado de discapacidad que les impida su
acceso al trabajo, puedan incluirse en el ámbito de protección de la Seguridad Social en su
nivel contributivo y acceder, previas las oportunas cotizaciones, a sus prestaciones.
Otro aspecto que sería necesario perfeccionar es la protección actualmente establecida
para el nivel no contributivo del sistema de Seguridad Social. Y esto de tres maneras. Por una
parte mejorando las asignaciones por hijo a cargo, que, aún hoy, son inferiores en su cuantía
anual a las pensiones no contributivas, a pesar del ya de por sí bajo importe de éstas últimas.
Por otra, buscando la fórmula para dar cobertura, en este espacio de las prestaciones no
contributivas, a ese amplio grupo de discapacitados que, por presentar un grado de
minusvalía comprendido entre el 33 y el 65 por ciento, se ven excluidos de las prestaciones
que sólo se reconocen a partir de ese nivel 65 por ciento y que también deberían tener acceso
a alguna forma de protección cuando no pudieran lograr un empleo remunerado.
Y, en tercer lugar, previendo fórmulas de compatibilidad entre el percibo de las
prestaciones no contributivas y la realización de alguna actividad remunerada, hasta un cierto
límite de ingresos que podría situarse, por ejemplo, en el nivel del salario mínimo
interprofesional, de manera que la actual reducción de la pensión o la pérdida de la
asignación por hijo a cargo que hoy se producen, no desanimaran a estas personas a la hora
de poder aceptar un trabajo, aun cuanto éste sea de baja remuneración.
Pero las distorsiones del sistema de Seguridad Social no tienen efecto sólo en quien sufre
una discapacidad ya antes de iniciar una actividad profesional, o en quien ni siquiera está en
condiciones de realizarla, sino que también debe ser objeto de cuestión y de mejora el
tratamiento que en él se da a las pensiones de incapacidad y, singularmente, a su
compatibilidad con el trabajo, cuestión que afecta también muy de cerca al grupo de personas
con discapacidad, en aquellos casos en que ésta no es originaria o previa a ese inicio de la
actividad profesional, sino sobrevenida con posterioridad a ésta y que, por consiguiente,
habrá permitido ya el acceso a una pensión contributiva por incapacidad permanente en el
grado correspondiente.
Pues bien, en estos casos, nuestra confusa legislación que incluso en estos momentos
mantiene aún pendiente de vigencia, hasta que se produzca su desarrollo reglamentario, la
nueva redacción dada al artículo 137 de la Ley General de Seguridad Social por el artículo 8.
Uno de la Ley 2411997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social, plantea problemas importantes para la integración de quienes ya son
pensionistas, mediante su reincorporación al trabajo de acuerdo con su derecho fundamental,
recogido para todos los ciudadanos, como ya antes apuntaba, en el artículo 35.1 de la
Constitución.
Esta confusión ha dado pie, en la práctica, a actuaciones administrativas e incluso
jurisprudenciales, cambiantes a lo largo del tiempo, sobre la posibilidad de compatibilizar el
percibo de la pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, con el ejercicio
de una actividad lucrativa, así como sobre la validez de las cotizaciones realizadas por esa
nueva actividad para obtener nuevas prestaciones.