las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Ni que hablar tiene, quedan al margen, por no ser objeto de este informe, la participación
y acción política y social de las personas con discapacidad en tanto que nudos ciudadanos, en
los que la circunstancia concurrente de la discapacidad no tiene mayor relevancia, pues ésta
extiende sus efectos al ámbito estricto de la persona en una dimensión que no se ve
concernida en absoluto por la minusvalía. No se trataría pues de acción política de
discapacitados, sino de acción política de ciudadanos, objeto de interés por tanto para
analistas sociales y, por supuesto, para el resto de la ciudadanía.
VII. -LA FINANCIACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA REPRESENTATIVA
La mayor parte de las actividades humanas, incluida la acción política, tienen un aspecto
económico insoslayable. Participar y actuar en favor de las personas con discapacidad,
organizar y mantener un entramado institucional digno de tal nombre y capaz de dar
satisfacción a las necesidades y demandas de las personas a las que representan, tiene un
coste económico que no es posible desconocer. A pesar de que la aportación voluntaria (en
horas de trabajo, en insumos materiales, en pensamiento, etc.) es una realidad innegable en la
mayor parte de los países cuando nos referimos al
movimiento asociativo de discapacitados, no es menos cierto que esa aportación desinteresada
es raras veces suficiente y, de ser sólo la única fuente de recursos, condiciona muy
gravemente la estabilidad y la fortaleza del propio movimiento.
Tal estado de cosas hace precisa la búsqueda de vías alternativas de financiación que
provean a las necesidades materiales del movimiento. Éstas pueden venir de las aportaciones
que alleguen los propios asociados –los discapacitados afiliados o simpatizantes del
movimiento o, en ciertos casos, las familias de éstos-, que, dada su proverbial debilidad
económica será siempre una vía exigua que por sí sola no puede atender las necesidades de
financiación del movimiento. Otro cauce es el que representa la financiación pública
precedente de autoridades políticas y gubernativas, ya sean locales, comarcales, regionales,
estatales o supranacionales. Esta vía, además de suponer, en ocasiones, un riesgo capaz por
sí solo para comprometer la independencia y autonomía del movimiento asociativo, generando
relaciones de probable dependencia de los dictados políticos de turno, no suele mostrase
tampoco como bastante para el mantenimiento de la actividad representativa. En algunas
partes del mundo, se ha recurrido a la autofinanciación a través de la prestación de servicios
de distinta índole (consultoría, emisión de informes, gestión por cuenta de instancias públicas
o privadas de servicios sociales o de atención a discapacitados, etc.), vía de probado interés
por lo que supone de diversificación de fuentes de financiación y es índice de
profesionalización y gestión solvente de estructuras organizacionales, corre el albur de
contaminar, desnaturalizar y hacer de menos el aspecto puramente representativo del
movimiento asociativo, al llevarlo, si esa línea se consolida y expande, a convertirse en una
entidad más prestadora de productos y servicios, que aplica por ósmosis criterios de mercado.
Otra vía experimentada con cierto éxito en ciertas áreas del mundo es la obtención de
recursos a través de la consecución de donaciones o ayudas hechas efectivas por empresas,
entidades fundacionales u organizaciones no gubernamentales (esto último es paradigmático
en la cooperación al desarrollo de los países llamados ricos con los países empobrecidos);
cabría también aquí citar las colectas públicas u otras campañas de recaudación de fondos
que promueven ciertas organizaciones de discapacitados y que apelan directamente a la
generosidad de los ciudadanos.