las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

El primer aspecto, es decir como cualquier ciudadano, debe primar en la consideración de
las personas con discapacidad. Así, afirma Alzaga que “en ultima instancia, el art. 49, según
parece concebido en su tenor literal debe ser correlacionado con todos los artículos de la
Constitución que se refieren a reconocimiento de derechos individuales y a condiciones de su
ejercicio” 22 .
IV.1. -Derechos de la persona discapacitada como ciudadano y medidas de acción
positiva moderadas
La primer parte del articulo 49 prevé una serie de prestaciones por parte de los poderes
públicos, cuyo mandato se enmarca dentro del contexto de la definición de Estado como
Estado social. Sin embargo, destaca López Guerra 23 , la segunda parte del articulo establece:
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos
los ciudadanos. De esta manera la Constitución reconoce que la minusvalía no puede ser
impedimento para el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente a todos los
ciudadanos.
Por ende, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, los poderes públicos se
encuentran obligados a asegurar su efectividad respecto de todos los ciudadanos, y, entre
ellos, de las personas con discapacidad, pero no porque sean personas con discapacidad, sino
porque son ciudadanos.
Esta efectividad deriva directamente de los mandatos constitucionales, sin que pueda
hacerse depender de la presencia de un desarrollo legislativo. La presencia de una minusvalía
podrá suponer una peculiar forma de ejercicio de esos derechos, y la necesidad de que los
poderes públicos adopten para ello las medidas oportunas, pero nunca su negación ni su
obstaculización. En definitiva, la peculiaridad en el ejercicio de los derechos derivará de las
condiciones propias de cada individuo, y no de su catalogación o inclusión en un colectivo
determinado.
Expresa López Guerra 24 que la pretensión de vigencia de la constitución como norma
vinculante manifestada enérgicamente en el art. 9.1 (los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico) adquiere su mayor
intensidad en lo que atañe a los derechos fundamentales, como resulta del art. 53 en sus
apartados 1 y 2. De esta manera los poderes públicos se encuentran obligados, no solo al
respeto de esos derechos, sino a una interpretación de las normas del ordenamiento que
potencie ese respeto.
La vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales no puede encontrarse supeditada o
limitada por las características personales de quien pretenda ejercerlos. En este sentido nos
encontramos, no ya en el ámbito del Estado Social y de los principios económicos y sociales
del Capitulo III del Titulo Primero, sino en el ámbito del Estado de derecho y de los derechos
del capitulo II del mismo Título (y entre ellos “de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas”).
En consecuencia, la discapacidad no puede ser alegada como excusa para impedir la plena
titularidad y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, con las consecuencias que ello
conlleva respecto de las obligaciones, activa y pasiva de los poderes públicos, y de la
inmediata exigibilidad de esos derechos, también por la vía jurisdiccional del art. 53.2 C.E.