las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su artículo 13, ha querido ampliar esta gratuidad
no sólo al fundador, sino a otras parcelas de la Fundación, como son los patronos. Puntualiza
su artículo 13.4 que “Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso
puedan percibir retribución por el desempeño de su función”.
Sin perjuicio de la rigidez de este tenor literal, tanto los Tribunales de Justicia como la
misma Dirección General de Tributos han venido paulatinamente aceptando tesis que apuntan
a que no cabría por parte de los patronos retribución alguna por el ejercicio de las funciones
propias de su cargo de patrono, pero sí, aunque con ciertas cautelas, por el desempeño en esa
misma Fundación de otras actuaciones distintas de las que le competen en su condición de
patronos.
Esto viene a suponer una cierta ruptura del principio absoluto de gratuidad del cargo de
patrono, ruptura que ya había sido iniciada por diversas leyes autonómicas en la materia,
como seguidamente veremos.
En la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, como no podía ser de otra forma, lo que sí se
admite expresamente para los patronos es el derecho al resarcimiento de gastos justificados
que el desempeño de su función les ocasione, salvo disposición en contrario del fundador (art.
13.6).
Hasta aquí se ha plasmado el estado actual y legal de la cuestión. Es un punto éste en el
que preferimos no decantarnos dado que pueden encontrarse argumentos igualmente
defendibles tanto a favor de una postura como de otra.
Los partidarios de una necesaria retribución de los patronos opinan que la redacción de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, debía ir más allá. Tanto para no necesitar de
interpretaciones jurisprudenciales o de la Dirección General de Tributos que admitan las
retribuciones por actividades de los patronos diferentes de las de su condición de tales, como
para llegar incluso a permitir, si se estima conveniente por el fundador, una retribución de los
patronos por las actuaciones propias de su cargo.
Dichas tesis no ven sentido en que la liberalidad se exija no únicamente al fundador sino
también al órgano de gobierno de la Fundación. Si cada vez se precisa más una total
profesionalización de las Fundaciones y si cada día es mayor la complejidad e importancia de
estas instituciones así como el patrimonio que las mismas gestionan y distribuyen, no
consideran muy razonable que se impida una retribución de los gobernadores de este
patrimonio. De seguir así entienden que los patronos acabarán desentendiéndose hasta cierto
punto del gobierno de las Fundaciones para dedicarse más intensamente a otras actividades
que les reporten los medios necesarios para subsistir, dedicando únicamente su tiempo
residual a estas Fundaciones.
Por todos estos motivos apuntan que la decisión sobre la remuneración del ejercicio del
cargo de patronos debería dejarse al criterio del fundador, no constituyendo la retribución ni
mucho menos una obligación, sino una posibilidad, estimando que la solución adoptada en
este sentido por la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, puede ser un
buen ejemplo. En la misma se admite en el artículo 18 la retribución de los patronos por
decisión expresa del fundador “A falta de disposición expresa del fundador, los miembros del
órgano de gobierno ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, podrán ser reembolsados
de los gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funciones les ocasione”. Todo
ello, indican sus defensores, con las cautelas que se consideren oportunas para la salvaguarda
de los intereses de los beneficiarios y con los criterios limitativos de las partidas de recursos
que se dediquen a la compensación de patronos que se entiendan necesarios.