las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

SUMARIO: I. BREVE INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL DERECHO DE FUNDACIÓN. II.
NORMATIVA BÁSICA REGULADORA EN LA ACTUALIDAD DE LAS FUNDACIONES.
III. CONVENIENCIA O NECESIDAD DE UNA LEY DE FUNDACIONES. IV. EL
GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN (PATRONATO) ARTS. 12 A 16 LEY DE FUNDACIONES.
I. -BREVE INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL DERECHO DE FUNDACIÓN
La Constitución Española en su artículo 34.1 proclama que: “Se reconoce el derecho de
fundación, para fines de interés general, con arreglo a la ley”.
Estamos ante una aportación original de la Constitución de 1978 al Derecho
constitucional comparado, donde este derecho no se ha recogido de forma explícita,
probablemente por entenderlo lógico corolario de los derechos de propiedad o asociación.
Tampoco tiene precedentes en nuestro Constitucionalismo histórico, donde también se
consideró tradicionalmente un reflejo de los derechos antes mencionados.
La llegada del liberalismo del siglo XIX y las discutidísimas leyes de desamortización
estuvieron cerca de terminar con las Fundaciones, pero los tiempos modernos aconsejaron
que la sociedad civil, al margen de o en cooperación con entes públicos, asumiera, a través
del instituto jurídico de la Fundación nobles fines de carácter cultural, científico, educativo,
benéfico, etc. De modo que las iniciales resistencias fueron superándose al introducir el
precepto constitucional citado el inciso “para fines de interés general”.
Sobre el concepto tradicional de Fundación, la doctrina lo ha venido entendiendo como
una persona jurídica caracterizada por la pertenencia de una masa patrimonial, aportada por
el fundador o fundadores, y vinculada al cumplimiento de un fin de interés general, que se
rige por las reglas que, en el marco de la ley, dictó el fundador. Es el clásico concepto de un
patrimonio o una masa de bienes afectado a un fin de interés general.
La Fundación nace, por tanto, de un acto de disposición de bienes que
realiza el fundador, adscribiéndolos a un fin de interés general. Este es el límite principal que
se da en el ejercicio de este derecho, la necesidad de que los bienes vinculados se afecten a
fines de interés general. Tal acto dispositivo ha de cumplir, además, los requisitos legales,
entre otros extremos, sobre la organización y gestión de la Fundación, que se confía a un
Patronato. La Ley prevé una acción administrativa, a través del Protectorado, para asegurar
el cumplimiento de los fines y la correcta administración del patrimonio.