las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Entonces, desde la perspectiva de la protección específica de las personas con
discapacidad como tales, el art. 49 habilita a los poderes públicos a tratarlas de manera
diferente, de forma más ventajosa que al resto de los ciudadanos. Ahora bien, ese tratamiento
diferenciado sí que se encuentra condicionado a la existencia de una normativa que desarrolle
el mandato constitucional. De esta manera se abre una nueva dimensión del régimen de las
personas con discapacidad, sin conexión directa con sus derechos fundamentales como
individuos, sino como manifestación de la dimensión social del Estado, que busca una
situación de igualdad real y efectiva, a través de un trato diferenciado.
En este sentido considero ciertamente oportuno el argumento de Dworkin
26 cuando
distingue dos formas posibles de derecho a la igualdad:
El primero es el derecho a igual tratamiento, que se traduce en el derecho a una igual
distribución de oportunidad, recursos o cargas.
El segundo es el derecho a ser tratado como igual, que se traduce en elderecho
a ser
tratado con la misma consideración y respeto.
Destaca este autor que en ciertas ocasiones el derecho a ser tratado como igual lleva
aparejado un derecho a igual tratamiento, pero que en otras no. Por lo que concluye que el
derecho a ser tratado como igual es fundamental, y el derecho a igual tratamiento, derivado.
Así, ejemplifica: “Si tengo dos hijos y uno se me esta muriendo de una enfermedad que
apenas si llega a incomodar al otro, no muestro igual consideración si echo a cara o cruz la
decisión de cuál ha de recibir la ultima dosis de medicina”.
El razonamiento expuesto por Dworkin resulta válido para la reflexión sobre la urgencia y
la prioridad que se encuentran implícitas en el tratamiento jurídico de la discapacidad. Con
ello quiero decir que en la sociedad, el hijo enfermo es la persona con discapacidad. En
consecuencia no mostramos igual consideración y respeto si no tenemos presente sus
necesidades especiales, y por ende implementamos también medios especiales para su
satisfacción.
Es admitido en forma reiterada por el Tribunal Constitucional que el principio de igualdad
no impide tratar en forma diferente situaciones diferentes, siempre que se cumpla con el
respeto de dos criterios: el de razonabilidad y el de proporcionalidad. Con relación al primero,
las razones de una diferencia de trato deben dirigirse a la consecución de objetivos
constitucionalmente justificados, y deben ser adecuados para arribar a esa consecución;
respecto al segundo, la diferencia de tratamientos debe ser proporcional al fin que se
persigue.
Ahora bien, como sostiene López Guerra 27 , las prestaciones y tratamientos diferenciados
dimanantes de la definición del Estado como social y de los mandatos concretos contenidos en
el capitulo III, no son fuente directa de derechos inmediatamente exigibles por los ciudadanos,
sino que para su realización dependen de la intervención del legislador, que podrá regularlos a
la luz de su apreciación de las posibilidades y conveniencias del momento. En los términos
del art. 53 los principios reconocidos en el capítulo III del títu-lo I solo podrán ser alegados
ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Sin embargo, esto no obsta a destacar que en este caso existe una obligación moral en
legislar medidas para la integración de la persona con discapacidad en la sociedad, que se
integraría dentro de lo que Rafael de Asís 28 ha llamado las obligaciones de un buen gobierno.
Distingue este autor entre deber de gobierno y deber de buen gobierno, que sería aquel que
estuviese destinado hacia los valores de libertad e igualdad, con todo lo que ello implica.