las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Y si es clave proteger a los ciudadanos en su vida activa, para que una situación no
prevista de incapacidad no le prive de sus ingresos económicos, es menester aquí exponer
también la necesidad de que la Seguridad Social, y en concreto el sistema de pensiones, se
haga cargo de la situación de las personas con discapacidad, de modo que se facilite, mientras
sea posible, la incorporación voluntaria a la vida activa, con plenitud de derechos a la
cobertura de la Seguridad Social, sin que se perjudique esa cobertura por su situación de
discapacitado.
Se comprenderá pues que el CERMI Estatal deba expresar el interés del grupo de las
personas con discapacidad por el futuro del sistema de pensiones, tanto en el orden
económico como en su desenvolvimiento protector.
Es de preocupar el efecto demográfico a medio y largo plazo; las posibilidades de
incorporación al mercado de trabajo de las personas potencialmente activas; los efectos de la
nueva estructura del mercado de trabajo en la Seguridad Social, tanto desde la vertiente de la
financiación como desde la protección, pues se adivina una mayor dificultad para completar
carreras completas del seguro en el futuro que pueden afectar a la cobertura de los
trabajadores; y, en definitiva, nos preocupan los equilibrios económicos-actuariales que den
estabilidad a nuestro sistema público de pensiones.
El CERMI Estatal es partidario, por tanto, de estudiar cuantas medidas sean oportunas
para consolidar y mejorar la protección que otorga la Seguridad Social, así como su
estabilidad financiera. Y en este sentido son de gran importancia los pactos políticos y
sociales sobre el sistema de Seguridad Social y su desenvolvimiento.
De este modo se dota de una mayor garantía a ese futuro y, en consecuencia, a la
cobertura social del sistema de Seguridad Social. De ahí la importancia que otorgamos al
Pacto de Toledo logrado en 1995, que marcó un hito en nuestra reciente historia de la
protección social y de ahí el deseo y la colaboración para que ese Pacto se siga proyectando
en años venideros, a través del trabajo de esta Comisión, a la que el grupo al que representa
el CERMI, las personas con discapacidad, concede una especial relevancia e importancia, por
lo que nuevamente es de agradecer la invitación para estar presente en estas reflexiones y de
este modo poder expresar las preocupaciones y propuestas sobre los problemas que las
personas con discapacidad tienen en relación con el sistema de Seguridad Social y, en
concreto, con el sistema de pensiones.
Por ello, sin perjuicio de ese interés general aludido, las posiciones del CERMI se van a
centrar, esencialmente, en estos problemas concretos de las personas con discapacidad en el
ámbito del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
La Constitución se preocupa de la protección de las personas con discapacidad,
estableciendo, en su artículo 49, que «Los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos’:
Es importante señalar esta finalidad constitucional de integración y garantía para que las
personas con discapacidad puedan ejercer todos los derechos como el resto de los ciudadanos.
Y entre ellos, como derecho constitucional reconocido, figura «... el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión y oficio y a la promoción a través del trabajo...» en el artículo 35.
E igualmente, la Constitución declara la universalidad de la cobertura de la Seguridad Social,
en su artículo 41.