las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Y estas disposiciones deberían, a su vez, responder y dar solución a la situación de las
personas con discapacidad, simplemente situándolas en igualdad de condiciones que el resto,
es decir, prescindiendo de la necesidad de probar la concurrencia de nuevas lesiones no
preexistentes al inicio del trabajo o el agravamiento de estas últimas, para centrarse,
exclusivamente y como ocurre con el resto de los ciudadanos, en el reconocimiento, o no, de
la situación de incapacidad laboral en que se encuentre la persona en el momento de
producirse el hecho causante de la prestación.
Con ello no se haría más que situar a las personas con discapacidad en un plano de
igualdad con el resto, en lugar de agravar su ya de por sí difícil situación con exigencias
añadidas que, a nuestro juicio, pueden tener incluso un carácter discriminatorio.
Esta propuesta normativa del CERMI ha encontrado eco en el Legislador muy
recientemente (Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible, BOE 13 de julio de 2002). En efecto, tras las negociaciones
mantenidas por el CERMI Estatal con el Gobierno de la Nación y con los distintos Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado -especialmente significativo fue
el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán-CiU y del Grupo Parlamentario Popular-, la
distorsión denunciada queda resuelta por la Ley por la que se establece un sistema de
jubilación gradual y flexible, cuya Disposición Adicional Segunda recoge: «Se añade un
párrafo segundo, en el apartado 1 del artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social
(...), en los siguientes términos: «Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la
fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la
situación de incapacidad permanente cuando se trate de personas minusválidas y con
posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado provocando por sí mismas o
por concurrencia con nuevas lesiones o patologías, una disminución o anulación de la
capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.».
Pero sería posible y deseable dar aún un paso más en este sentido. Porque si esa
equiparación plena a efectos de las prestaciones de incapacidad es, desde luego, condición
necesaria para evitar discriminaciones, sin embargo, no es suficiente por sí sola para alcanzar
esa igualdad a que me refería. Por el contrario ésta requeriría, además, de medidas de
carácter positivo que contribuyeran a paliar los efectos, de cara al trabajo y la Seguridad
Social, de las discapacidades.
Y, en este sentido, debería recogerse, en una futura reforma de nuestro sistema, la
posibilidad de acceder a la jubilación de forma anticipada para las personas afectadas por
una discapacidad o, al menos, por ciertas formas de discapacidad, cuya vida laboral va a ser,
necesariamente, más corta a causa de las afecciones que padecen.
No se trata, en absoluto, de una medida extemporánea, puesto que las normas actuales de
Seguridad Social recogen ya esta posibilidad para determinados grupos que, por la especial
dureza o circunstancias de su trabajo, ven reducida significativamente su edad de jubilación,
como ocurre, por poner algunos ejemplos, en los casos de la minería, la pesca o del personal
de vuelo de líneas aéreas.