las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

• -Reforma de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), por la cual se
establece un nuevo sistema de cómputo a la hora de determinar las empresas de más de 50
trabajadores a las que se aplica la cuota y se aprueban medidas alternativas a la obligación de
reserva de empleo para personas con discapacidad. Esta modificación legal, operada por las
Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de los años 98 y 99,
culminó, tras meses de intensas y no siempre fáciles negociaciones con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con un acuerdo entre el CERMI y el Gobierno de la Nación que
ha tenido su plasmación en el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen
medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2%
en favor de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. Se
trata de una norma ambiciosa e innovadora, que abre una prometedora tercera vía entre los
sistemas tradicionales de cuota y los de canon. A partir de ahora, las empresas de más de 50
trabajadores podrán optar por cumplir la cuota de reserva en los términos señalados por la
LISMI o bien, en casos excepcionales y ateniéndose a unos determinados requisitos y
condiciones, por el cumplimiento de las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto
de referencia. Estas medidas alternativas son de tres tipos:
• -Adquisición de productos elaborados por Centros Especiales de Empleo o por
discapacitados constituidos como trabajadores autónomos, en una determinada proporción al
número de empleos de discapacitados no cubiertos por la empresa;
• -contratación de bienes y servicios de Centros Especiales de Empleo y minusválidos
constituidos como trabajadores autónomos, en la misma proporción que para el caso anterior;
y, finalmente,
• -donaciones en metálico a fundaciones y asociaciones de utilidad pública que tengan
como objetivo, entre otros, el fomento de la integración laboral de las personas con
discapacidad.
Esta norma abre nuevas e inéditas posibilidades para la inserción laboral de personas con
discapacidad, puesto que además de reforzar por vía indirecta a los Centros Especiales de
Empleo, puede atraer financiación, a través de las donaciones y las acciones de patrocinio, a
las entidades que trabajan por la integración laboral.
• -Aplicación a los trabajadores con discapacidad de las medidas de fomento de empleo
(empleo temporal).
• -Actualización y mejora del vigente sistema de apoyos al autoempleo de trabajadores
con discapacidad, así como la capitalización de las prestaciones por desempleo como medida
de fomento del autoempleo de los minusválidos.
• -Extensión a la Economía Social de determinadas ayudas por la contratación de
trabajadores con discapacidad.
• -Redefinición del modelo de Centro Especial de Empleo y de la relación laboral especial
de los trabajadores con minusvalía que prestan sus servicios en estos Centros para permitir
una mejor adaptación al mercado, con modulación de las subvenciones económicas a la
creación de puestos de trabajo, en función de la composición de la plantilla.
• -Fijación en un 50% del salario mínimo interprofesional, sin posibilidad de reducción, de
la subvención para mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo.