las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Merece la pena recordar, en este punto, que la Directiva 89/391/CEE, sobre seguridad y
salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, ya establece la obligación de los
empresarios de adaptar el lugar de trabajo a los trabajadores con discapacidad. Dicha
Directiva fue transpuesta en nuestro Derecho por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales (Art. 25.1), y por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Pero estas
disposiciones se ciñen a la protección de los que tienen la condición de trabajadores y a los
centros o lugares de trabajo y, sin embargo, la propuesta que analizamos tiene un alcance
más amplio pues se aplica también a personas sin empleo y a los lugares o centros donde se
imparten acciones de orientación o formación.
II.5. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Con independencia del alcance jurídico limitado de este texto, tras su aprobación en la
Cumbre de Niza el año 2000, la Carta de Derechos Fundamentales ya ha sido calificada
como germen de una futura Constitución Europea. El elenco de derechos que recoge reposa
en los principios que inspiran Instrumentos internacionales como el Convenio Europeo para
la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales de la
Comunidad y del Consejo Europeo, el Tratado de la Unión Europea y la tradición
constitucional de los Estados miembro. Por tanto, su valor no es establecer nuevos derechos y
libertades, sino erigirse quizás en la semilla de una norma constitucional europea con una
fuerza jurídica vinculante que hoy está lejos todavía de disponer.
El artículo 21 de la Carta establece:
-“Se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por motivos de sexo, raza,
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.
Esta cláusula que veta un amplio número de causas de discriminación tiene similitudes
con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea sólo en la coincidencia parcial de los
motivos de discriminación, pero tiene una diferencia sustancial y es que la finalidad del
último artículo citado es habilitar a la Comunidad a adoptar “medidas adecuadas para luchar
contra la discriminación” y, sin embargo, el artículo 21 de la Carta trata de establecer una
cláusula prohibitiva de las discriminaciones. De momento, y mientras no se incorpore al
Tratado, su alcance sólo será el de una orientación hacia los
Estados miembros y su incumplimiento no podrá ser invocado ante los Tribunales nacionales
o ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.
La vertiente positiva de la prohibición de la discriminación por razón de discapacidad es
el artículo 24 de la Carta:
-“Las personas discapacitadas tienen derecho a beneficiarse de medidas que garanticen su
autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad”.
Este precepto, copiado de la Carta Social Europea adoptada en el seno del Consejo de
Europa, pretende legitimar acciones positivas que establezcan discriminaciones que tengan la
finalidad de superar las desventajas en las que se encuentran las personas con discapacidad y,
por tanto, recoge la tradición establecida en otros instrumentos jurídicos como el Convenio
159 de la OIT.