las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Siguiendo el principio ya consolidado en la igualdad de trato entre hombres y mujeres, se
aplica aquí la importantisima técnica de la “inversión de la carga de la prueba”: corresponde
al demandado y no al demandante demostrar que no ha habido vulneración del principio de
igualdad de trato. La norma procesal general impone al demandante demostrar o probar que
la vulneración del derecho se ha producido. Sin embargo, dada la trascendencia que el
legislador le atribuye a las infracciones al derecho a no ser discriminado, deudora, sin duda,
del carácter social y democrático de los Estados integrados en la Unión Europea y de las
aspiraciones igualitarias de nuestra sociedad, en estos casos se excepciona aquella norma
general. Esta “inversión” de la parte a la que corresponde la carga de probar la inexistencia
de actividad discriminatoria no se aplica en los procedimientos penales, en los que rige en
plenitud la presunción de inocencia del demandado.
Aunque no hay referencias aquí a la obligación de proporcionar ajustes razonables,
debemos entender, por coherencia entre este artículo y el que contempla dicha obligación
(Artículo 5), que también debe corresponder al empresario probar que no es posible
proporcionar dichos ajustes a la persona discapacidad, justificando que el trato a esta no
afecta al derecho fundamental a no ser discriminado.
I.6. Divulgación de la información (Artículo 12)
Vela por la difusión de la Directiva en las instituciones de enseñanza y las autoridades
públicas competentes. Probablemente estas medidas de tipo educativo sean muy eficaces para
prevenir en el futuro conductas discriminatorias o atentatorias a los derechos de igualdad de
trato en el mercado de trabajo. No parece que se puedan aislar de otras medidas de
sensibilización que se adopten en un contexto más amplio, que no sólo afecten al mercado de
trabajo, dirigidas hacia la sociedad en su conjunto. La difusión de la Directiva corresponde a
los poderes públicos, pero el papel que pueden tener, también y al respecto, las
organizaciones representativas de los grupos sociales afectados por las discriminaciones es
extraordinariamente importante. A estos efectos, es conveniente dotar presupuestariamente de
forma conveniente este programa. En principio, esta acción no precisa de modificación
normativa.
I.7. -Diálogo social y con las organizaciones no gubernamentales (Artículos 13 y 14)
Fomenta el diálogo social entre los interlocutores sociales a través de la negociación
colectiva, códigos de conducta, investigación, intercambio de experiencias y buenas prácticas,
así como promoción del diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales
que tengan un interés legítimo. Reseñar aquí que no sólo los interlocutores sociales clásicos
(organizaciones empresariales y sindicales) están llamados a este diálogo sobre la aplicación
efectiva de la Directiva, sino también las organizaciones representativas de los grupos
afectados por la discriminación.
Esta cláusula fue introducida por el Parlamento Europeo y a iniciativa, también, del Foro
Europeo de la Discapacidad. Tampoco se precisa aquí de una transposición normativa, sino
del compromiso de los poderes públicos y del CERMI.
I.8. Cumplimiento (Artículo 16)