las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

Esta situación es la que justifica las diferentes acepciones que de la expresión igualdad
realiza el texto constitucional, las cuales deben ser interrelacionadas. La igualdad como valor
(art. 1.1 C.E.) implica la imposición de un componente fundamental del ordenamiento; la
igualdad promocional (art. 9.2 C.E.) señala un horizonte para la actuación de los poderes
públicos; la igualdad ante la ley (art. 14 CE) fija un limite para la actuación promocional de
los poderes públicos.
Del carácter de la igualdad como derecho subjetivo se deriva asimismo una segunda
característica: la igualdad es también una obligación constitucionalmente impuesta a los
poderes públicos. Los ciudadanos y los grupos sociales se hallan en una situación fáctica de
desigualdad. Esta situación se encuentra constitucionalmente considerada en el art. 9.2 de la
C.E., cuando instituye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para
que la igualdad de los individuos y los grupos sea real y efectiva. De este reconocimiento
surge la atribución a los poderes públicos de una función promocional encaminada hacia la
plasmación real de la igualdad legal.
En El tiempo de los derechos 5 , Bobbio describe que, aunque la utópica meta final de una
sociedad de libres e iguales no ha sido alcanzada, se han recorrido varias etapas en el curso
de la historia. Y que, al lado de los procesos de positivación, generalización e
internacionalización, se ha manifestado en los últimos años un nuevo proceso: el de
especificación.Este consiste en un gradual paso hacia una ulterior determinación de los
sujetos titulares de derechos. Esta especificación se ha producido respecto al género (derechos
específicos de las mujeres), respecto a las distintas fases de la vida (derechos de los niños, o
de los ancianos), o respecto a estados excepcionales de la vida humana (derechos de las
personas con discapacidad).
La consideración de la igualdad como diferenciación, supone introducir el concepto de
diferencia dentro de la igualdad. Considero oportuno el planteamiento que a este respecto
realiza Ferrajoli 6 cuando describe cuatro modelos de configuración jurídica de la diferencia:
1. -Indiferencia jurídica de las diferencias. En este modelo las diferencias no se valorizan
ni se desvalorizan, no se protegen ni se violan, sino que simplemente se las ignora. Es este el
paradigma hobbesiano del estado de naturaleza y de la libertad salvaje, que confía a las
relaciones de fuerza la defensa o la presión de las diversas identidades.
2. -Diferenciación jurídica de las diferencias. En éste, se valorizan ciertas diferencias y
se desvalorizan otras. Así, las identidades determinadas por las diferencias valorizadas
resultan asumidas como status privilegiado (incluso como base de un falso universalismo
modelado únicamente sobre los sujetos privilegiados); mientras que otras se asumen como
status discriminatorios, fuentes de exclusión y de sujeción 7 .
3. -Homologación jurídica de las diferencias. En este modelo las diferencias son
ignoradas (y en consecuencia devaluadas) en nombre de una abstracta afirmación de
igualdad. Precisamente por ser la diferencia desconocida en el derecho, resulta penalizada de
hecho.
4. -Igual valoración jurídica de las diferencias. Se encuentra basado en el principio
normativo de igualdad en los derechos fundamentales, y al mimo tiempo en un sistema de
garantías capaces de asegurar su efectividad. Este cuarto modelo, en vez de ser indiferente o
tolerante con las diferencias, garantiza a todos su libre afirmación y desarrollo, no
abandonándolas al libre juego de la ley del mas fuerte, sino haciéndolas objeto de esas leyes
de los más débiles que son los derechos fundamentales.