las múltiples dimensiones de la discapacidad - Fundación Once

No se omite la consideración del hecho de que el art. 49 reconozca un plus de dificultades
de las personas con discapacidad para el ejercicio de los derechos, que debe compensarse a
través de ciertas medidas. Pero estas medidas se integran en el mismo concepto constitucional
de derecho fundamental en lo que se refiere a las personas con discapacidad.
Desde este enfoque, dejarían de ser un grupo especial de protección, para pasar a ser
ciudadanos titulares de derechos como los demás, y como los demás también acreedores de
plena protección. Y esta protección a través de medidas especiales, sería sólo una expresión
más de la protección general de los derechos fundamentales.
Lo anterior debe relacionarse con el art. 14 C.E. Los derechos de igualdad de los que son
titulares las personas con discapacidad no derivan de su condición de tales, sino de su
condición de ciudadanos. Por ello es que, además, se impone extender a discapacitados las
consideraciones generales aplicables a todos los titulares de esos derechos. Entre ellas, la
constitución excluye la discriminación por una serie de causas que incluye como “categorías
sospechosas” a las minusvalías, no sólo por el art. 14, sino también a contra sensu por la
previsión del art. 49.
Una interpretación sistemática nos conduce a poder afirmar que, en los casos de no
considerarse esta protección especial requerida por las personas con discapacidad, nos
encontramos ante la violación del derecho a la igualdad. Esto acontece a través de una
discriminación indirecta o por omisión, pero discriminación al fin. No es posible afirmar sin
hipocresía que una persona que utilice una silla de ruedas tiene el mismo derecho que otra que
no debe utilizarla para acceder a un edificio cuando el mismo no se encuentra adaptado; o de
acceder a un espectáculo cultural, cuando debe abonar su propia entrada más la de su
acompañante por no poder movilizarse por sus propios medios. En estos casos el principio de
igualdad es violado por no considerarse las especificas características de las personas con
discapacidad para el ejercicio de ciertos derechos.
Así, en el caso planteado de consideración de los minusválidos como ciudadanos titulares,
al igual que los demás de derechos fundamentales, las medidas de acción positiva moderadas
se convierten en una herramienta ineludible.
Desde esta consideración, reitero, considero que cuando hablamos de derechos
fundamentales de las personas con discapacidad, nos encontramos con la necesidad de
legislar medidas de acción positivas moderadas para que el ejercicio de los derechos sea
efectivo, y que en los casos de omisión, se produce una discriminación por violación del art.
14 C.E., que como consecuencia, en mi opinión, habilitaría la acción de amparo.
IV.2. -Derechos de la persona discapacitada como grupo diferenciado y medidas de
discriminación inversa
Como expresaba en el apartado anterior, la persona afectada por alguna discapacidad,
aparte de configurarse como un ciudadano titular de derechos fundamentales, es considerado,
de acuerdo al art. 49, miembro de un colectivo del que se predica un régimen de especial
protección constitucional. En consecuencia, la Constitución prevé un tratamiento diferenciado
de ese colectivo, en el sentido de establecer en su favor determinadas ventajas o prestaciones:
las que resultan o son consecuencia de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración, de atención especializada, y de amparo especial de sus derechos 25 .