A pesar de lo anterior, la región se encuentra aún muy lejosde contar con una cultura y un sistema electoral, en elque el programa de gobierno ocupe un lugar central en lascampañas y en las urnas, y el voto programático sea unarealidad en el ámbito local.Participación ciudadana yresponsabilidadMás allá de las complejidades, matices y procesosincompletos, la descentralización ha promovido en laregión espacios favorables a la participación ciudadana yel surgimiento de líderes en los niveles locales.Brasil es quizá el país que más ha avanzado en el terrenode la participación social con la figura del presupuestoparticipativo, que se ha conocido en todo el mundo, sobretodo, por la experiencia de Porto Alegre. Mediante estemecanismo, se involucra a la ciudadanía en las decisionessobre inversión del municipio.Otra forma de participación ciudadana es la organizaciónde juntas vecinales o comités sectoriales para laformulación de peticiones, realizar proyectos y proveerservicios. En Ecuador, un caso paradigmático departicipación ciudadana en la gestión municipal es el deCotacachi, una ciudad de 7.300 habitantes, a los que sesuman 5.000 de la periferia. En ella, se ha impulsado unproceso de democratización y desarrollo sostenible basadoen mecanismos que tienen en cuenta a los diferentesgrupos sociales (el 60% de los habitantes del cantón esindígena) 8 .La descentralización ha propiciado también el desarrollode políticas más focalizadas en grupos desfavorecidos yminorías, que sufren discriminación o han sido ignoradastradicionalmente 9 . Además, la participación local se havisto favorecida por reformas legales que contemplannuevas herramientas de control social y organización aescala local y vecinal; facilitan discusiones presupuestariasy ejercicios de planeación y favorecen un mayor pluralismopolítico 10 .Recuadro 6.2Presupuesto participativo y la experiencia dePorto Alegre (Brasil)El presupuesto participativo, proceso mediante el cual losciudadanos y organizaciones de la sociedad civil participandirectamente en diversas fases de la preparación y monitoreo delpresupuesto público, ofrece a los ciudadanos una oportunidadde ejercer la democracia de forma directa y aprender sobre elfuncionamiento de lo público y sus complejidades.Estos efectos redundan en demandas de mayor calidad porparte de la sociedad al Gobierno, la reducción de prácticasclientelistas, de patronato y corrupción y, por ende, llevan auna mejor administración pública local. No obstante, si carecede mecanismos de protección adecuada, el presupuestoparticipativo puede convertirse en un espacio de legitimaciónde intereses de grupos específicos (en general elites), refuerzode las desigualdades y, paradójicamente, reducción de losespacios de discusión de los presupuestos públicos. Unalimitación importante de los presupuestos participativos esque necesariamente solo se aplican sobre una proporción muyreducida del presupuesto municipal. Es un proceso mediante elcual se logra una mayor capacidad ciudadana, en beneficio dela transparencia y eficacia, pero no constituye en sí mismo unaherramienta de gestión de los recursos locales.El presupuesto participativo de Porto Alegre (Brasil) es elejercicio ciudadano de este tipo más conocido. Implementadodesde finales de la década de 1980 por el Partido de losTrabajadores en el escenario de cambio constitucional (1998)y apertura a la democracia, el presupuesto participativoconstituye uno de los casos donde se ha dado mayor espacio ala participación y deliberación directa de los ciudadanos.En Brasil, el fenómeno del presupuesto participativo ha crecidode manera muy importante, pasando de ser aplicado en 13municipalidades en el período de 1989-92, a 177 entre 2001y 2004. Para este grupo de municipios, los observadoresreportan una clara mejora en la eficiencia del servicio deeducación pública.Existen otras experiencias de presupuesto participativo enpaíses como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.La apertura en la cultura política a este mecanismo ha tenidodiversos obstáculos, como marcos jurídicos creados conobjetivos diferentes, renuencia de los propios gobernantes ypartidos políticos, baja capacidad administrativa y fiscal, y unasociedad civil fragmentada y en conflicto.Fuentes: Banco Mundial (2007 y 2008) y Biderman, Ciro (2007).Pese a esos avances, la experiencia muestra que el procesotiene limitaciones derivadas fundamentalmente de losdesajustes con las políticas nacionales, la insuficienciade recursos y el distanciamiento entre los fundamentosteóricos y su aplicación práctica.El buen gobierno requiere de las autoridades locales queejerzan sus funciones con eficiencia, equidad y eficacia,así como responsabilidad y transparencia en el manejo delas finanzas públicas. Pero, para lograr esos objetivos, esnecesario también establecer una cultura tributaria y queel ciudadano asuma sus responsabilidades contribuyendoconforme a sus posibilidades a la financiación del sectorpúblico.Porto Alegre, Brasil. Orçamento Participativo (OP) /Presupuesto Participativo. © Ricardo Stricher PMPA136 Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe • 2012
Río de Janeiro, Brasil. La lucha contra la violencia requiere de redes comunitarias organizadas y cohesión social © Domingos PeixotoRecuadro 6.3Violencia y captura del estadoEn la región, no es solo la falta de recursos, la capacidad técnica oel liderazgo lo que entorpece el buen gobierno. Existe un procesode captura de territorios y de la propia institucionalidad quegenera una de las principales vulnerabilidades para el desarrollolocal. Se trata de la cooptación de las propias instituciones delEstado por grupos de interés particulares y del crimen organizado.La corrupción, un mal histórico en la región (básicamente apartir del soborno), ha sido utilizada tradicionalmente poragentes privados para manipular las decisiones públicas afavor de sus propios intereses y beneficios particulares. Gruposlegales con intereses económicos influyen en el Estado a fin deobtener regulaciones convenientes a sus intereses, generalmentecontrarios al interés general. Regulaciones públicas que favorecenlos monopolios comerciales y la competencia desleal, en lugar decombatirlos por su impacto negativo para las mayorías, son unejemplo clásico de los efectos dañinos de la corrupción.Pero, además de la corrupción tradicional, los países deAmérica Latina y el Caribe enfrentan otra lacra que afecta a susdecisiones de regulación y, en casos extremos, al propio procesodemocrático, conocida como captura del Estado. El fenómenosurge principalmente de grupos para los que resulta fundamentalel control de rutas y territorios relacionados con el tráfico en susdiversas variantes, incluyendo en particular el de drogas, armas ypersonas. Estos grupos ocupan de hecho el lugar que correspondeal Estado, detentando poder territorial y ejerciendo violenciasobre la población.Bandas delictivas asociadas a esos comercios ilícitos, en especiallas del tráfico de drogas, y pandillas juveniles, como las MarasSalvatrucha, protagonizan guerras urbanas. Por cuenta de estasúltimas, la población de ciudades como San Salvador, Ciudadde Guatemala y Tegucigalpa, en especial en áreas pobres,han experimentado terror urbano, que incluyen violaciones,ejecuciones directas y secuestros a .Un triste ejemplo del extremo al que pueden llegar los actosde violencia por captura de territorios urbanos y actividadeseconómicas por grupos ilegales ocurrió en El Salvador. En juniode 2010, en Mejicanos, localidad pobre ubicada en la periferiadel norte de San Salvador, una de las varias acciones violentasde presión a los empresarios del transporte ocasionó la muertede varios pasajeros que viajaban en un microbús, incendiado sindar oportunidad a sus ocupantes de salir. Esta reprochable acciónfue atribuida a jóvenes menores de edad, miembros de pandillasMaras, en disputa por territorios y sus rentas b .Para estos grupos, la captura del Estado constituye el mejor mediopara alcanzar ventajas sociales y tratamiento judicial favorable,así como beneficios económicos. Con esa estrategia, el Estado, nosolo deja de representar una amenaza, sino que además terminasirviendo de soporte a sus actividades c .En la región, estos actores pueden acumular tanto o más poderque el propio Estado a nivel local y no dudan en recurrir a prácticasviolentas y de coerción sustentadas en el control territorial que yadetentan. Son prácticas que, junto con el soborno, recaen sobrefuncionarios públicos con capacidad decisoria, pero que tambiénse van institucionalizando, hasta el punto de que personasvinculadas a los grupos ilegales pueden detentar cargos deelección popular y actuar como agentes legítimos para defenderintereses ilegítimos d .Los países han enfrentado estos desafíos de diferentes formas.En todos los casos, se requieren acciones coordinadas desdevarios sectores, sobre territorios relativamente amplios y concontinuidad en el tiempo. Aisladas, las intervenciones policialeso hasta militares no son suficientes para contener el problema,especialmente cuando las propias instituciones presentanuna vulnerabilidad a su captura. A los ciudadanos les quedanpocas opciones al margen de condenar socialmente estos actosy velar para que sean perseguidos y sancionados judicial yeconómicamente, algo que solo es posible contando con redescomunitarias, una sociedad civil organizada y una fuerte cohesiónsocial.aIrazábal, 2009.bInformaciones publicadas en El nuevo Diario, edición on-line de 21 de juniode 2010 y edición on-line de 23 de junio de 2010; BBC edición on-line de 21 dejunio de 2010.cGaray et al. (2008).dIbídem.La Gobernabilidad urbana 137
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