ESTADO DE LAS CIUDADES - ONU-Hábitat

orden descendente, por Jamaica, Guatemala, Guyana,Honduras, Colombia, Bolivia, Bahamas, Venezuela,Belice, Brasil, Ecuador, y República Dominicana 66 .Un caso particularmente conocido por su gravedad esel de Ciudad Juárez (México), que ha recibido especialatención de organizaciones internacionales y medios decomunicación por la duración, frecuencia y brutalidad dela violencia, así como por la lentitud en la respuesta de lajusticia 67 .Agenda pendienteEn la región, el aumento de la criminalidad y la violenciaha respondido a elementos materiales e inmateriales,entre los cuales el principal es, sin duda, la ausencia desoluciones a los problemas de inequidad socioeconómica 68 .La inseguridad urbana también se nutre del deterioroy mal diseño de los espacios públicos. Estrategias delocalización, accesibilidad, iluminación y calidad delmobiliario urbano, que respondan a las demandas socialesy garanticen la igualdad, son determinantes para laapropiación y la convivencia social en el espacio urbano yel acceso a otros elementos y servicios.La inseguridad obliga a mayores inversiones por parte dela sociedad para disminuir el riesgo de victimización, loque supone un sobrecosto adicional al funcionamientode la economía. También repercute fuertemente sobre losvalores en el mercado inmobiliario.La violencia tiene un costo social muy alto al disminuir lasopciones de interacción, generar desconfianza –tanto entrepersonas como hacia las instituciones 69 – y, finalmente,perdida de cohesión, lo que tiende a su vez a alimentar elproblema. Los habitantes de barrios pobres y segregadossocial y espacialmente sufren altos niveles de violenciay coerción, especialmente cuando están expuestos a lapresencia de grupos del crimen organizado.Más allá de la violencia objetiva, el temor tieneconsecuencias importantes sobre el modo de organizaciónde la ciudad y el diseño de espacios públicos y privados. Lainseguridad repercute negativamente en la disponibilidadfísica y temporal de espacios urbanos, en la medida enque el ciudadano tiende a evitar áreas consideradaspeligrosas o frecuentarlas en determinados horarios.En casos extremos, puede conducir a una pérdida de lanoción y práctica de la vida en comunidad, al inducir a losindividuos a aislarse en casa o en condominios cerrados.El crimen y la inseguridad parecen hoy superar lacapacidad de respuesta de varios gobiernos 70 de la región,representando un elemento desestabilizador para lasinstituciones y hasta la existencia del Estado de derecho.El reto para la región es doble: disminuir los índices deviolencia en general y aumentar los niveles de confianzainterpersonal 71 .Recuadro 3.13Río de Janeiro: de la coerción a la confianzaEl tráfico de drogas es la fuente de buena parte de la violenciaorganizada de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grandede Brasil. Los grupos delictivos han actuado bajo el esquemade células autónomas que se aprovechan de la geografía deexclusión de la ciudad: áreas ocupadas por comunidadespobres, muchas de ellas en cerros, con pésimas condiciones deacceso y sin oferta adecuada de servicios sociales y de seguridadpúblicos. Son las llamadas favelas, donde niños y jóvenes sinoportunidades son cooptados por los narcotraficantes.Durante décadas, las “favelas” han estado bajo el controlde bandas criminales que han usado estas áreas para susactividades económicas ilegales y que gradualmente se hanapoderado de los territorios hasta proporcionar determinadosservicios, como la venta de bombonas de gas o la televisiónpor cable, administrar la justicia “penal” y cobrar tasaspor transacciones inmobiliarias. Estas estructuras se hanbeneficiado de la connivencia y corrupción de grupos depolicías. Los habitantes de estas comunidades han quedadoexpuestos a un altísimo grado de inseguridad y violencia,excluidos de las ventajas que proporciona la ciudad y de losservicios del Estado.En 2008, el nivel de violencia y criminalidad convirtió estasituación en una prioridad en la agenda gubernamental y, endiciembre de ese año, el Gobierno del Estado de Río de Janeirocomenzó el despliegue de las llamadas Unidades de PolicíaPacificadora (UPP) para retomar los territorios sin violencia.En enero de 2011, la municipalidad de Río de Janeiro dio elsegundo paso de esta estrategia: la introducción de las UPPSociales 72 en las áreas ya pacificadas. Este nuevo programaaspira a consolidar la paz y el control de las áreas combinandolos esfuerzos del sector público, privado y de los propiosciudadanos.Hasta mayo del 2012, se había logrado la pacificación en87 favelas repartidas en la ciudad, beneficiando a cerca de300.000 habitantes con libertad de movimientos y accesoregular a los servicios. Estas unidades, que cuentan con un altogrado de aceptación social, han ayudado a construir una ciudadmás segura.Esta apuesta pública y social busca revertir el legado deviolencia y exclusión socio-territorial, y consolidar la paz yla seguridad en la ciudad promoviendo el desarrollo social,fomentando la ciudadanía y la integración plena de estas áreasen el resto de la ciudad.Para ello, es necesaria la acción decidida del Estadoen contra de las estructuras criminales. Al mismotiempo, la cohesión social es la principal herramientade protección social y pública futura contra gruposcriminales organizados. Para mantener la cohesión, sonimprescindibles acciones propositivas por parte del Estadoy la sociedad orientadas a proteger a las comunidades yfavorecer la creación de oportunidades y capacidades, nosolo para la recuperación y control de las áreas afectadas,sino también para superar las barreras de la exclusiónsocial.76 Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe • 2012