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Las opciones educativas para los pueblos indígenas y afrodescendientes: las perspectivas Argentina, Bolivia, Brasil...
Ese mismo año, Honduras estableció en su Constitución, a través del acuerdo presidencial
0719-EP-94, el reconocimiento como «un país pluricultural y multiétnico que requiere institucionalizar
la Educación Bilingüe Intercultural para responder a la riqueza y diversidad cultural». Al
contar con un claro reconocimiento hacia la diversidad, se considera que:
[…] es un mandato constitucional del Estado hondureño definir y establecer, como parte de
la riqueza de la nación, las culturas nativas y las expresiones culturales nacionales y populares,
así como garantizar la educación de todos sus ciudadanos.
Ecuador recientemente incorporó cambios en su Constitución (2008), aunque el tema de la educación
indígena ya estaba presente en legislaciones de menor nivel. En su Carta Magna, varios
artículos establecen la garantía de una educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, el artículo
29 dice que «El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural», y
el 45 destaca «como derecho de los niños, niñas y adolescentes, el educarse de manera prioritaria
en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades». En el artículo
57 «reconoce y garantiza el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad,
desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el
cuidado y la preservación de las identidades en concordancia con sus metodologías de enseñanza
y aprendizaje», y por otra parte puntualiza que «la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones deben reflejarse en la educación pública». Por último, menciona la
utilización del castellano como «idioma de relación intercultural».
La normatividad sobre educación en El Salvador no señala a un grupo poblacional en particular,
toda vez que sus leyes en esta materia «se formulan desde el enfoque de derechos humanos, de
inclusión, de integralidad». No obstante, en 2014 se reformó el artículo 63 de la Constitución de la
República «para enfatizar el valor cultural que aportan los pueblos originarios». «El Salvador reconoce
a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica
y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad».
En las cartas magnas de Chile y Uruguay no se encuentra una mención específica hacia los grupos
indígenas y afrodescendientes, ya que parten del supuesto de igualdad entre sus ciudadanos independientemente
de su origen étnico.
A partir del armado jurídico de alto orden se derivan instrumentos legislativos que ordenan las
acciones de política necesarias para garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas
y afrodescendientes. Esto sucede en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y México,
donde la legislación explícitamente señala que debe de existir una «modalidad» o tipo de servicio
educativo específico para atenderlos.
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