Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 329
ció 1893-94 la suma de 220,000 pesos. En los ejercicios restantes
rigieron ordinariamente sumas inferiores. Generalizando á todo
el decenio las dos cifras extremas, resultaría el monto total de
2:570,000 ó el de 2:200,000 pesos, según el ejercicio que se adopte.
Pues bien: los gastos eventuales y extraordinarios en los mismos
diez años, según los cuadros de contaduría insertos en las memorias
del ministerio de hacienda que hemos extractado en otra
parte de esta obra, ascienden á diex y medio millo7ies de pesos. ¿A
qué quedan reducidos, juntamente con la ley de presupuesto, los
artículos 17 y 82 de la constitución de la república que declaran
que es atribución privativa de la asamblea la sanción del presupuesto
y que el poder ejecutivo debe invertir el producto de las
rentas conforme á las leyes? ¿Qué importancia puede tener el presupuesto
de origen parlamentario, si en la casa de gobierno se
constituye luego un segundo presupuesto subterráneo por el que
se escurren los dineros de la nación sin consentimiento de la
asamblea?
Una ley de 9 de febrero de 1830, obra de la asamblea constituyente
y legislativa, anticipándose á tales abusos é invasiones de
jurisdicción, estableció que «el contador general, el comisario y el
tesorero están obligados á representar al gobierno contra todo
pago que ordene sin expresar el objeto, causa y razón de gastos á
que pertenece, bajo la responsabilidad de la ley; que la misma responsabilidad
es extensiva al cumplimiento de toda orden de pago
que no esté prevenida por las leyes; que el contador intervendrá
en toda orden y libramiento de pago con sujeción á lo ya prevenido,
no debiendo los depositarios ni la colecturía admitir documento
alguno sin ese requisito; y finalmente que la contaduría no
intervendrá en orden alguna de pago que sea expresamente contraria
á la ley». Desgraciadamente esta ley, como tantas otras muy
sesudas de los primeros tiempos de nuestra organización política,
ha quedado olvidada en medio de nuestros continuos desórdenes.
Jamás ha sido derogada por otra ley. Indirectamente se pretendió
hacerlo en 1884 con un simple decreto, pero un segundo decreto de
3 de marzo de 1886, obra del propio gobierno de Santos que había
dictado el primero, estableció: «que todas las oficinas públicas
estaban obligadas á rendir cuentas á la contaduría general de^