Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

136 Anales de la Universidad
que se indica á continuación: en 1876 absorbía 1,180 pesos; en
1879 había subido á 10,394 pesos; en 1885 á 20,970 pesos y en
1886 á 147,712 pesos. Al discutirse estos informes, el autor del
proyecto invocó en su apoyo la ley propuesta por el doctor José
María Muñoz, que ya extractamos, y las ampliaciones dadas á ese
proyecto por la comisión informante compuesta de los señores Pedro
Carve y Tomás Gomensoro; dijo que la lista 7 de septiembre,
que en 1886 cerró con 147,712 pesos, había subido posteriormente
en 30 de abril de 1887 á 296,400 pesos anuales, según datos emanados
de la contaduría, lo que representa un aumento de ciento
cuarenta y tantos mil pesos en sólo tres meses, existiendo además
232 jefes y oficiales que ocupan puestos civiles y que si los abandonaran
elevarían el monto de la lista 7 de septiembre á 444,710
pesos. Agregó que según se le había dicho, figuraba en la expresada
lista un niño de nueve años con el grado de capitán y la antigüedad
de diez años de servicios. Otro de los diputados manifestó
que cuando él y sus demás compañeros iban á la casa del genera
Santos, estaban en compañía del sargento mayor cochero y otros
oficiales hechos á dedo. Quedó desechado el proyecto.
En junio de 1890 los señores Rufino T. Domínguez y Domingo
Mendilaharsu presentaron un proyecto á la cámara de diputados
de que formaban parte, estableciendo que en lo sucesivo el poder
ejecutivo no podrá conferir más empleos militares que aquellos
que figuran en el presupuesto general de gastos ó fueren creados
por leyes especiales; y que el mismo poder propondrá á la asamblea
general en la oportunidad que juzgue conveniente, los ascensos
que deban darse en el ejército de línea con arreglo á las prescripciones
del código militar. Fundando el proyecto, dijo el doctor
Mendilaharsu que en su concepto era indudable que sólo la asamblea
puede crear empleos y que la misma facultad de proveer los
empleos ya creados por la asamblea que tiene el poder ejecutivo,
no es discrecional, sino que está subordinada á la constitución y á
las leyes. Aunque fuese, pues, dudoso para algunos el alcance de
la primera dé esas disposiciones constitucionales, nadie puede desconocer
el perfecto derecho de la asamblea para dictar leyes que
determinen ó establezcan la forma de provisión de los empleos. Al
año siguiente, el doctor José Román Mendoza presentó á la mism*