Año 10, t. 14, entrega 1 (1903) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 93
dos. Desde el primer momento se comprendió que la intervención
del estado sería acompañada de una gran suba en el precio kilométrico,
y se dejó un fuerte margen con ese objeto, aunque ocultándolo
de una manera tan completa, que nadie se dio cuenta de
su existencia, ni mucho menos de su gravedad. La ley de 1884
acordó la garantía del 7 /^ sobre el costo máximo de cinco mil
libras esterlinas por kilómetro, y la de 1888 agregó que cuando el
costo real excediera de ese precio, el poder ejecutivo fijaría el
tanto por ciento de garantía proporcionalmente al valor legal, que
en ningún caso podría exceder de siete mil libras, pero de modo
que la suma total á satisfacerse fuera siempre equivalente al
siete por ciento sobre cinco mil libras. Carecía de importancia
esa disposición tratándose de ferrocarriles concedidos. Desde que
en definitiva el erario público sólo tenía que pagar el siete por
ciento sobre cinco mil libras, si la línea, en vez de costar cinco mil
libras, costaba siete mil, el accionista recibiría un interés menor, sin
que el estado se perjudicase en un solo centesimo. Pero otro artículo
de la misma ley de 1888, estableció que en las líneas construidas
por cuenta del estado, el máximum del costo kilométrico se
determinaría por los estudios técnicos de las oficinas competentes,
no pudiendo exceder del determinado para los ferrocarriles concedidos.
¿Cuál era el máximum de costo para los ferrocarriles conce •
didos? Siete mil libras esterlinas por kilómetro. Pues bien, sobre
esa base absolutamente inocua, tratándose de concesiones, podía
llevarse una carga abrumadora al tesoro público. Suponiendo que
el kilómetro representara ese costo y que el pago se practicase
mediante bonos aforados al 85 // de su valor, cada kilómetro de
línea vendría á representar en títulos 8,050 libras con un servicio
de interés de 483 libras al año, en vez de las 350 libras que
como máximum de garantía establecía la ley. Nada de eso se vio
al tiempo del examen de la ley, ni preocupó por consiguiente á la
asamblea, que sólo tenía en vista las seguridades amplias que se le
daban de que el costo de los ferrocarriles oficiales sería inferior al
máximum de cinco mil libras fijado á los concesionarios. Léanse
en efecto los siguientes párrafos del mensaje gubernativo de 5 de
enero de 1888, comentando la ley de ferrocarriles:
«La opinión casi unánime de todos los autores, en los países